El PP pide un informe jurídico para acotar el alcance de la investigación de sus cuentas en el Congreso
Los populares quieren aclarar el ámbito temporal y territorial de la comisión de investigación y si puede interferir en las causas judiciales abiertas. Los grupos se dan una semana para acordar el plan de trabajo y el listado de comparecientes
El PP dice que Rajoy acudirá cuando el Congreso le llame pero fuentes parlamentarias creen las primeras comparecencias no se producirán antes de mediados de junio por el complicado calendario en la Cámara
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sale del hemiciclo en un receso de la sesión de control al Ejecutivo / Mariscal (EFE)
Madrid
Los grupos políticos se han dado una semana de plazo para aprobar el plan de trabajo, las solicitudes de documentación y también el listado de comparecientes de la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP, cuestiones, incluida la de si se cita a Rajoy y cuándo, que tendrán que votar el próximo miércoles por mayoría de voto ponderado. Antes, sin embargo, el PP quiere que los servicios jurídicos del Congreso emitan un informe para aclarar tres cosas: el ámbito temporal de la investigación, es decir hasta dónde hay que remontarse para investigar las cuentas del partido, si el Parlamento puede investigar adjudicaciones de contratos de ayuntamientos y comunidades y no sólo del Gobierno central y si la comisión parlamentaria puede interferir en las causas judiciales abiertas.
La representante del PP en la Mesa de la Comisión, Beatriz Escudero, justifica la solicitud de ese informe para dar seguridad jurídica y evitar criterios interpretativos ya que los grupos de la oposición no han acotado ese periodo temporal –si desde la fundación del PP, desde que Rajoy es presidente del partido, etc- y “hay doctrina y jurisprudencia según la cual las comisiones de investigación están facultadas a analizar actuaciones del Gobierno sobre la legislatura en marcha”. Además, el PP cree oportuno que los letrados aclaren si “dos investigaciones paralelas, una parlamentaria y otra judicial, podrían suponer alguna interferencia en la instrucción de causas abiertas en los tribunales. Fuentes del PSOE señalan que ellos no ponen ningún límite temporal ni territorial al trabajo de la comisión porque su criterio es investigar todas las actuaciones que estén puestas en cuestión por vulnerar la legalidad.
Uno de los primeros caballos de batalla será la comparecencia del propio Rajoy. El PSOE quiere que sea la primera y cuanto antes, el PP no se niega a ello, entre otras cosas porque no puede frenarla, y casi con total seguridad la incluirá en su propia propuesta de comparecencias habida cuenta de que Rajoy ha anunciado su intención de acudir en cuanto sea llamado. De hecho comparecer en una comisión de investigación es un mandato obligatorio bajo riesgo de incurrir en un delito de desobediencia.
Fuentes parlamentarias consideran probable, sin embargo, que las primeras comparecencias se demoren aún un mes, hasta mediados de junio, condicionadas por el propio calendario del Congreso, con dos semanas de debate presupuestario en comisión y pleno y el posterior encaje de la moción de censura anunciada por Unidos Podemos.
Se augura desacuerdo también en el formato de los interrogatorios, los socialistas apuestan por un sistema de pregunta respuesta, el PP prefiere el de las comisiones ordinarias, con intervención del compareciente y de los grupos, y posterior turno de respuesta conjunta o por separado.
