Procesan a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo
Hebe de Bonafini, que tiene 88 años, está procesada como partícipe necesaria en una causa que se investiga un presunto fraude al Estado
Fotografía de archivo del 26 de octubre de 2016, en la que se observa a Hebe de Bonafini durante una entrevista en Buenos Aires, Argentina. / David Fernández (EFE)
Buenos Aires
El magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a la anciana en calidad de partícipe necesaria de un delito de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta.
El juez abrió también un proceso penal por presunto fraude contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y el ya detenido ex secretario de Obras Públicas José López (2003-2015), entre otros.
El expediente aborda un supuesto desvío de más de 200 millones de pesos (unos 12 millones de euros) en el programa "Sueños compartidos", plan estatal impulsado por el Ejecutivo de Cristina Fernández (2007-2015) para la construcción de viviendas sociales y administrado por la fundación de Madres de Plaza de Mayo.
La Justicia considera probado que los Schoklender, en su calidad de apoderados de la fundación, "tuvieron una activa participación en la gestión y ejecución de las construcciones que se adjudicaran a esa institución", y que con posterioridad, una vez ingresados los montos correspondientes a esas obras en la institución, desviaron 206,43 millones de pesos (12,08 millones de euros).
La resolución judicial señala que el "éxito de la maniobra" fue posible gracias a la utilización del "prestigio y la trayectoria" que la Asociación Madres de Plaza de Mayo cuenta en el área de la defensa de los Derechos Humanos, y "al infiel desempeño" de López y Abel Caludio Fatala -que tenían a cargo la asignación de los recursos del Estado.
López está detenido por presunto enriquecimiento ilícito desde junio de 2016, cuando trataba de guardar más de 8 millones de euros en un convento.
A De Bonafini se la consideró "partícipe necesaria de la maniobra", en tanto se valoró que "conocía los desmanejos financieros" que realizaban los apoderados y que "al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución".
El caso estalló en 2011 y suscitó duras críticas de la oposición hacia el Gobierno de Fernández por la supuesta falta de controles en el otorgamiento de fondos públicos de la organización humanitaria, cuyo origen se remonta a abril de 1977, cuando un grupo de mujeres comenzó a apostarse frente a la Casa Rosada de Buenos Aires para exigir a la última dictadura militar (1976-1983) noticias de sus hijos desaparecidos.
El 10 de agosto de 2016, De Bonafini, convencida de no haber cometido ningún delito y tal y como ya había anticipado, se negó a contestar las preguntas del juez, quien acudió a la sede de Madres para tomarle declaración como investigada en la causa.
"Ellos están con (el presidente Mauricio) Macri y yo estoy contra Macri; ellos están con los jueces, yo estoy con la Justicia, los jueces no son la Justicia" y "nunca vamos a ponernos de acuerdo" porque "ellos responden al poder de turno", sostuvo.
"Peor que lo que nos pasó ya no nos puede pasar, yo no le tengo miedo de ir presa", declaró, además de defender nuevamente la legalidad de las operaciones realizadas por la asociación.
Martínez de Giorgi aceptó ir a tomarle declaración allí después de que a principios de ese mes la anciana declinase por segunda vez acudir al juzgado para declarar, lo que derivó en una orden de detención contra la activista que generó una rocambolesca situación en el país austral.
La presidenta de la asociación salió en furgoneta el 4 de agosto hacia la plaza de Mayo, lugar donde cada jueves desde el 30 de abril de 1977 la organización realiza la tradicional ronda frente la sede del Gobierno nacional, armadas de sus pañuelos blancos.
Su marcha, en la que se vio secundada por centenares de personas, coincidió con la llegada del personal del departamento de delitos federales a la sede de la asociación.
Al día siguiente, Martínez de Giorgi levantó la orden de detención tras llegar a un acuerdo con los representantes legales de De Bonafini.
Junto a ella, el juez citó en 2016 a declarar en la causa a otras 42 personas, varias de ellas figuras políticas y altos cargos de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández.
