Nicolás Maduro aprovecha la crisis para perseguir a los disidentes

Madrid

Amnistía Internacional denuncia la detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, sin orden judicial alguna, "llevando a cabo procesamientos de activistas pacíficos por delitos contra la patria y el uso injustificado de la prisión preventiva, así como campañas de difamación de los medios oficialistas contra miembros de la oposición política".

Según Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, "en Venezuela no se permite la disidencia, no parece que haya límite para las innumerables tácticas legales que las autoridades están dispuestas a aplicar con objeto de sancionar a quienes expresan opiniones que difieren de la postura oficial del gobierno. En vez de obsesionarse con silenciar las opiniones disidentes, las autoridades deberían centrarse en buscar soluciones prácticas a la grave crisis que afronta el país".

El informe del organismo internacional relata cómo, el 11 de enero de este año, agentes de SEBIN detuvieron a los opositores y activistas del partido Voluntad Popular, además de dos miembros de su familia, al pasar por un peaje al regresar a casa. Según dijo posteriormente el vicepresidente del gobierno por televisión, a los detenidos se les había incautado armas de fuego y explosivos y señaló que el diputado estaba implicado en actividades terroristas alegando que había cruzado clandestinamente la frontera para entrar en Colombia. Las autoridades lo llevaron ante un tribunal militar y le acusaron de sustracción de efectos militares y de rebelión. Gilber Caro quedó recluido en un centro penitenciario y tres meses después no había sido llevado ante un tribunal para estudiar la legalidad de su situación.

El caso de Gilber y Steicy son una muestra de las estrategias empleadas por las autoridades venezolanas para intentar silenciar a la oposición. "En la mayoría de los casos se les imputa a las personas detenidas graves delitos: traición a la patria, terrorismo o sustracción de efectos militares, además de rebelión, que les permiten ponerles en la cárcel de modo preventivo aunque faltan pruebas para fundamentar los cargos".

Este tipo de delitos, dice el informe de Amnistía Internacional, son llevados por jurisdicciones militares que carecen de independencia, de imparcialidad y no tienen capacidad para enjuiciar a civiles.

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Amnistía documenta en este informe los casos de personas detenidas a la que no se les permite contacto alguno con la familia o abogados defensores, violando sus derechos humanos y, en algunos casos, siendo torturados.

Yon Goicochea, líder estudiantil y dirigente de Voluntad Popular, fue detenido el 29 de agosto del año pasado por individuos que no se identificaron y que, además, llevaban una furgoneta sin matrícula. Poco después, el gobierno confirmaba su detención por llevar explosivos con la intención, presuntamente, de usarlos en una manifestación de la oposición en septiembre. Después de pasar semanas sin saber dónde se encontraba, finalmente el fallo judicial reconocía que se cumplían los requisitos para su liberación porque la fiscalía no había encontrado pruebas suficientes para presentar cargos contra él. Sin embargo, continua detenido: "Eso demuestra que en Venezuela hay personas detenidas sin que se hayan presentado cargos contra ellas, lo que demuestra la situación de violación de los Derechos Humanos en este país", cuenta Erika Guevara Rosas.