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Paraísos fiscales

150.000 firmas para pedir una ley contra los paraísos fiscales

En el aniversario de los 'Papeles de Panamá', la Plataforma por la Justicia Fiscal lleva al Congreso una petición para que España amplíe el listado de territorios y el régimen sancionador por unas prácticas que generan pérdidas de 1.550 millones al año

Parte del 'skyline' de Panamá, entre los que se muestra el rascacielos perteneciente a la firma Mossack Fonseca&Co / Joe Raedle (Getty Images)

Parte del 'skyline' de Panamá, entre los que se muestra el rascacielos perteneciente a la firma Mossack Fonseca&Co

Madrid

Coincidiendo con el aniversario de la publicación de los llamados Papeles de Panamá, que provocaron la dimisión del exministro de Industria José Manuel Soria, la Plataforma por la Justicia Social ha entregado este lunes en el Congreso 150.000 firmas para exigir la elaboración de “una ley de urgencia” contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal. En el texto presentado a los distintos grupos parlamentarios, los promotores de la iniciativa piden que España “revise la definición de paraísos fiscales, para ampliarla a aquellos territorios que operan con falta de transparencia y sin cooperación con otras administraciones tributarias, que tienen niveles de tributación muy bajos o nulos y en los que existan prácticas perjudiciales que garanticen reducciones fiscales sustanciales”.

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En un Real Decreto de 1990, España incluyó a 48 territorios en la consideración de paraísos fiscales, pero en una modificación de 2003 permitió excluir del listado a aquellos que firmasen con España acuerdos de intercambio de información. Desde ese momento, la lista se ha ido reduciendo paulatinamente hasta quedarse en 33 territorios en la actualidad. Y no forman parte de ellos algunos que muchas organizaciones sí identifican como paraíso fiscal como Panamá, Andorra, Bahamas, Bermudas, Hong Kong o la propia Suiza.

El texto presentado este lunes a los grupos en el Congreso considera prioritario elaborar un nuevo listado de territorios acorde a esa definición y un régimen sancionador amplio y exigente no sólo con los territorios incluidos en el listado sino con los agentes –sean personas físicas o jurídicas- que se sirven de estos territorios para ocultar capitales o desviar beneficios con el propósito de eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

En su iniciativa, que se debate este lunes en una jornada parlamentaria con representantes de PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, la Plataforma por la Justicia Social recoge algunas cifras como que en la actualidad se calcula en 7,6 billones de dólares la riqueza individual oculta en paraísos fiscales, o que en el último año se ha triplicado la inversión que ha salido de España hacia estos territorios. Además, se calcula que la utilización de paraísos fiscales para canalizar la inversión directa hacia España genera unas pérdidas en torno a los 1.550 millones de euros al año, una cantidad casi equivalente al presupuesto de cooperación al desarrollo de nuestro país.

 
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