La reforma que plantea C's permitiría al presidente de Murcia seguir en su puesto
El partido de Rivera recibe luz verde del Congreso para la tramitación de una ley anticorrupción que pone como límite para la dimisión la apertura de juicio oral, como defiende el PP
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, muestra desde su escaño una información de un periódico, esta tarde en el pleno del Congreso / J.P.GANDUL (EFE)
Madrid
El Congreso de los Diputados ha debatido y aprobado, a propuesta de Ciudadanos, la toma en consideración de una Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción. El texto que el partido de Albert Rivera ha presentado prevé una reforma de la Ley Electoral que obligaría a dimitir a los cargos públicos "encausados judicialmente por su implicación en procesos relacionados con la corrupción". En la norma, la formación naranja renuncia a marcar el límite en la imputación, asumiendo así el criterio del Partido Popular.
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Según ese texto, los diputados, nacionales y de asambleas legislativas de las comunidades autónomas y los senadores "perderían su condición por incompatibilidad sobrevenida cuando fuesen encausados judicialmente, desde que fuese firme la resolución que dictase la apertura del juicio oral o el procesamiento y hasta que el proceso se resolviese por todos sus trámites, incidentes y recursos".
Si la reforma saliese adelante -solo ha sido aprobada su toma en consideración para una posterior tramitación-, esta no obligaría por ejemplo al presidente de Murcia a dejar su cargo, puesto que por ahora solo ha sido citado a declarar en calidad de investigado, antiguo imputado, por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en la construcción de un auditorio en la localidad de Puerto Lumbreras. De hecho, con la proposición de Ciudadanos existiría un conflicto entre el pacto político firmado para la investidura de Pedro Antonio Sánchez y la propia Ley.
Consultada por la Cadena SER, la dirección de Ciudadanos asegura que su intención con esta medida es crear un marco general para todos los partidos. "La ley se aplica a todo el mundo, una vez aprobada. Los acuerdos que suscribamos tienen que cumplirse porque para eso son acuerdos y se han firmado". "Prevalecería el pacto a la ley", dicen esas fuentes que niegan criterios distintos.
"Cuando la ley sea ley prevalecerá la ley, mientras tanto el acuerdo político", decía el portavoz parlamentario del PP apuntando a que si esa norma saliera adelante el pacto político quedaría en un segundo plano.
