El Gobierno estudia pedir al Constitucional la suspensión cautelar de las leyes sujetas a conflicto con el Congreso
El Ejecutivo podría recurrir antes de fin de año las iniciativas del PSOE para suspender la LOMCE y equiparar los derechos de los trabajadores subcontratados al considerar que implican un aumento de gasto
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. / Paco Campos (EFE)
Madrid
El Gobierno está decidido a llevar hasta el final su pulso con el Congreso en defensa de su derecho a vetar aquellas proposiciones de ley que impliquen incremento presupuestario. Fuentes de Moncloa admiten a la SER que el Gobierno sopesa no sólo recurrir ante el Constitucional sino pedir la suspensión cautelar de las proposiciones de ley sujetas a conflicto con el Congreso.
Sería una petición sin precedentes en las relaciones entre legislativo y ejecutivo, ya que supone solicitar el bloqueo de la tramitación de leyes en el Parlamento mientras el Constitucional resuelve los recursos, un proceso que podría llevar meses o años. Fuentes del Tribunal consultadas por la SER señalan en cualquier caso que, al tratarse de un conflicto entre órganos constitucionales no cabe la suspensión de la norma recurrida como sí ocurre cuando se admiten a trámite recursos del gobierno contra disposiciones autonómicas.
La intención de Moncloa es recurrir por separado, previsiblemente en el último Consejo de Ministros de diciembre o el primero de enero, las dos proposiciones de ley, ambas del PSOE, a las que el Congreso ha dado luz verde contra el criterio del ejecutivo: la que pide la equiparación de derechos de los trabajadores subcontratados, que se debatirá este martes en el pleno del Congreso y la que plantea la suspensión de la LOMCE, cuya tramitación parlamentaria se aprobó en el Parlamento el 15 de noviembre.
En el Ejecutivo remarcan que no se trata de una discrepancia política, ya que no entran a valorar el contenido de las iniciativas sujetas a conflicto, sino jurídica, en el ejercicio de su prerrogativa constitucional para vetar aquellas proposiciones de ley que impliquen un aumento presupuestario.
En el caso de la equiparación de derechos de los trabajadores subcontratados, el Ejecutivo considera que la medida supondría un incremento de gasto de 60 millones de euros anuales para las empresas públicas. En el caso de la LOMCE, el Gobierno argumenta que la suspensión de la ley implicaría la pérdida de 615 millones de euros de fondos europeos que el estado tendría que asumir.
El conflicto podría mantenerse durante toda la legislatura ya que fuentes de Moncloa manifiestan su intención de recurrir una a una ante el Constitucional todas las iniciativas legislativas tramitadas por el Parlamento contra el criterio del ejecutivo.
PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, que tienen mayoría en la Mesa del Congreso, sostienen que el Gobierno no puede ejercer esos vetos de manera arbitraria porque eso supondría maniatar al Parlamento impidiendo su función esencial, la de aprobar leyes. En consecuencia, se opondrán a aquellos vetos que consideren no justificados y que obedezcan a criterios políticos.
De momento el Gobierno ha vetado 16 proposiciones de ley, y el Congreso ha rechazado el bloqueo de dos de ellas. Hay una tercera, la que pide subir las pensiones un 1,2% en 2017 que está pendiente, ya que el Congreso ha pedido al Gobierno información adicional antes de tomar una decisión, algo que podría retrasarse hasta después de Navidades.
