Dos personas investigadas por el fraude de Acuamed siguen en la cúpula directiva de la empresa pública

Madrid

Cuatro meses después de que estallase el caso Acuamed dos personas investigadas por el fraude de contrataciones siguen en la cúpula directiva de la empresa pública estatal dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que adjudicó cientos de millones de euros en obras en  los últimos años. Según ha podido confirmar la Cadena SER de fuentes de la investigación y de los propios trabajadores de la empresa el director de la Asesoría Jurídica, Juan García Cuenca, forma parte del Consejo de Administración con acceso a todo tipo de documentos y actas de reunión que se han venido celebrando durante todos estos meses. García Cuenca fue citado a declarar por la UCO como investigado y después declaró ante el juez también como investigado por fraude y faseldad documental. El otro directivo que continua desempeñando sus funciones es el director de Administración y Finanzas, Carlos Anibarro. Fue citado a declarar como investigado por agentes de la Guardia Civil por fraude y malversación de caudales públicos.

Lo que se investiga es un presunto fraude en contratos de la empresa pública  estatal Acuamed. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) la trama ha adjudicado presuntamente de forma fraudulenta obras y falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias. Por eso los trabajadores  temen ahora que estas dos personas investigadas que siguen en la cúpula directiva puedan interferir en las pruebas del procedimiento en el que se investigan irregularidades en las adjudicaciones públicas.

En las últimas horas el juez Velasco ha ordenado a tres empleados de Acuamed readmitidos por el Ministerio de Agricultura que no vayan a sus puestos de trabajo para que no accedan a sus ordenadores. Eran tres de los presuntos cabecillas de la presunta mafia del agua. Uno de ellos es la exdirectora de Ingeniería y Construcción de Acuamed, María Gabriela Mañueco a quien la investigación le señala como una de las principales cabecillas de la trama por ser la mano derecha del exdirector general Arcadio Mateo que todavía sigue en prisión. Los otros dos son Javier Gómez Pastor, el que fue gerente de Contratación, y Pablo Martín, el que era segundo gerente territorial en la cuenta del Júcar cuando se produjeron las irregularidades y que han salido de prisión en las últimas semanas después de pagar las fianzas impuestas por la justicia. Según el auto del juez Velasco los dos tuvieron una participación activa “porque se plegaron sin discusión a las órdenes arbitrarias e irregulares de los líderes de la trama, todo en búsqueda de beneficios propios como ascensos, prebendas y agasajos de los contratistas”. El juez llega a señalar la existencia de pagos en especie como alquileres de coches de lujo, estancia en hoteles y colocación de familiares y amigos en las empresas beneficiadas.

Según los autos judiciales, la Audiencia Nacional considera que solo en cuatro contratos los gestores de Acuamed defraudaron a las arcas públicas 58,7 millones de euros. La UCO cree que ese dinero fue a parar a manos de constructoras como Acciona o FCC, empresas que después abonaron mordidas en efectivo viajes e incluso implantes de pelo.

El instructor imputó a los trece detenidos en la operación Frontino la comisión de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad, tráfico de influencias y cohecho, en relación con adjudicaciones tramitadas por este organismo. La Guardia Civil detuvo también en la misma operación a tres altos cargos de la constructora FCC entre ellos el presidente de la división de Construcción, Miguel Jurado, que quedó en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros, el directivo Santiago Farré que quedó en libertad después de abonar 20.000 euros

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El número tres de Sáenz de Santamaría, salpicado por Acuamed

El fraude de Acuamed ha pasado factura al que era número tres de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria. Federico Ramos de Armas dejó el cargo de forma voluntaria porque según la UCO está en el foco de las investigaciones porque fue el máximo responsable de Acuamed en la época de los contratos investigados.