20.000 emigrados españoles esperan a que el Gobierno les devuelva el dinero que pagaron por votar el 20D

Madrid

El pasado diciembre solo 100.000 de los dos millones de españoles que residen en el exterior consiguieron votar en las elecciones generales. A la maraña burocrática a la que se enfrentan los emigrados para 'rogar' un derecho constitucional, se suma que muchos de ellos tienen que pagar por ejercerlo. La ley obliga al Gobierno a devolver el dinero del envío de la papeleta por correo, pero hoy por hoy, y cuando están a punto de volver a la cita con las urnas, 20.000 españoles que residen en el exterior esperan a que el Ministerio del Interior les reembolse el coste que les supuso votar en los pasados comicios. 

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El Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, adjudicó en marzo un contrato de medio millón de euros para atender estas peticiones de reintegro. Según Correos, que es la empresa encargada de ofrecer este servicio, el trámite de devolución se está iniciando ahora, seis meses después de las elecciones. Lo que denuncian algunos de estos emigrados, miembros de la Marea Granate, es que ese dinero nunca llega a sus manos aunque cumplen con el procedimiento que dicta la administración del Estado. Jesús, español residente en Estados Unidos, ha votado y pagado en siete ocasiones. Solo en una ha conseguido recuperar parte del dinero que gastó.

A Jesús, que vive en Baltimore, le costó votar el pasado 20 de diciembre unos treinta y cinco dólares (alrededor de treinta euros). Él jamás ha recuperado nada de lo que pagó. Si lo hiciera recibiría una cantidad muy inferior porque el Gobierno solo devuelve a los residentes en Estados Unidos cinco dólares. La administración hace un cálculo medio de la cantidad que pude costar el envío de la información desde cada país. En este caso la estimación se queda muy corta. Esteban, residente temporal en Edimburgo se dejó aproximadamente diez euros en hacer llegar su papeleta, y no espera que vuelvan a su bolsillo. El pasado domingo, al acudir al consulado para rogar su derecho a participar en las próximas votaciones, los trabajadores de la oficina le reconocían que la queja por el no reembolso es generalizada y que allí no saben muy bien qué hacer. De hecho, este joven, nacido en la provincia de Burgos, que lleva ocho meses ganándose la vida en el exterior, no conoce a nadie en la capital escocesa que haya recibido "un duro".

La respuesta de la administración

La Cadena SER ha intentado averiguar cuál es el procedimiento que la administración realiza para devolver el dinero a los emigrados españoles, tal y como marca la ley. Según Correos, empresa encargada de hacer el servicio, Interior recibe las peticiones de reembolso desde las Juntas Electorales correspondientes. Después, el Ministerio traslada los datos a la oficina postal, que en la mayoría de los casos tiene que recurrir a una compañía privada para terminar el proceso. La encargada de dar el dinero finalmente es Western Union porque el ente público solo tiene convenio de giro postal con doce países. Por ejemplo están excluidos de esa lista Bélgica, Reino Unido o Estados Unidos. Además, ningún paso se hace vía telemática y los únicos datos que tiene la administración son un nombre y una dirección a la que Correos envía una carta avisando de que el dinero ya está disponible en una de las oficinas de Western Union más cercana. El problema, según denuncian algunos residentes en el exterior, es que cuando llega el importe, a veces siete meses después de las elecciones, ya han cambiado de domicilio. Ángel, estudiante en Reino Unido, acaba de llegar a España y no recibirá el reintegro.

Ni Ángel ni ninguno de sus compañeros, estudiantes que a estas alturas del año ya han acabado el curso académico, van a poder recuperar el dinero que se dejaron por votar hace solo unos meses. Desde el Ministerio del Interior aseguran que, cuando las hay, atienden las reclamaciones de forma individual. Lo cierto es que los afectados consultados por esta redacción no han sido capaces de que la administración del Estado les diga a qué ventanilla se tienen que dirigir. A pesar de todo, hay quien no duda si se le pregunta si seguirá yendo a votar. "Volveré a gastarme el dinero por mi derecho gratuito al voto", reconoce con ironía César desde Bruselas. Otros sin embargo, como Rebeca y su pareja, desisten. "No votaremos, nos negamos a volver a pagar por ejercer un derecho. Eso es lo que consiguen con su desidia y su aprecio a las cosas mal hechas", concluye.

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