Fraude de dos millones de euros en las subvenciones en Extremadura
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Badajoz para que se investigue un posible delito de fraude de subvenciones y falsedad por más de 2 millones de euros cometido, supuestamente por la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), y los sindicatos UGT y CCOO
Portal del Servicio Extremeño de Empleo. / JUNTA DE EXTREMADURA
Madrid
Según los datos de Anticorrupción, el fraude asciende a 1.707.106,93 euros en el caso de CREEX, 400.133,27 euros en el supuesto de UGT Extremadura y 311.897,55 euros respecto a CCOO Extremadura, por los cursos de formación realizados que afectan a más de 600 actividades informativas, 10.000 alumnos y 500 docentes.
Las entidades beneficiarias objeto de investigación han sido la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), y sus asociados Confederación de Organizaciones Empresariales de la provincia de Badajoz -COEBA-, Federación Empresarial Cacereña -FEC- y Federación Empresarial Placentina -FEP-), Unión General de Trabajadores de Extremadura y Comisiones Obreras de Extremadura, así como fundaciones y entidades vinculadas a estas últimas (IFES Extremadura y FOREM Extremadura).
La Fiscalía inició sus investigaciones a raíz de la comparecencia del director gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo – SEXPE - del Gobierno de Extremadura, quien puso en conocimiento de la Fiscalía la existencia, -apoyada en un informe meramente prospectivo y de naturaleza indiciaria y selectiva-, de posibles irregularidades detectadas en el proceso de justificación de gastos llevados a cabo por los beneficiarios de las ayudas públicas derivadas de la convocatoria, por Orden de 1 de junio de 2011, de la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, destinada a la realización de planes formativos intersectoriales dirigidos a trabajadores ocupados en el marco territorial de Extremadura.
La Fiscalía explica en una nota de prensa que “de lo actuado hasta este momento, y sin que ello prejuzgue ulteriores posiciones procesales, surgen indicios relevantes que evidencian la existencia de posibles infracciones penales cuyo tratamiento sugiere como ineludible la judicialización”. “En términos generales se han detectado irregularidades diversas al existir discrepancias y distorsiones entre los gastos justificados ante la Administración documentalmente, a efectos del cobro de las subvenciones, y la realidad del importe realmente pagado como costes de actividad siendo los primeros muy superiores a estos último”.
Javier Álvarez
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...
