La economía colaborativa parte en dos a la comisión de la Competencia
Seis consejeros dejan en minoría al presidente por su apoyo a un texto que promueve su liberalización
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Madrid
La publicación de un texto de "conclusiones provisionales" sobre la economía colaborativa, del director de promoción de la competencia de la CNMC, partidario de eliminar las trabas que la frenan, ha provocado una honda división en el organismo.
La iniciativa cuenta con el apoyo del presidente de la Comisión, pero ha provocado la protesta de seis consejeros, que consideran que el texto no debería hacerse público hasta que se elabore un informe que sea debatido en el pleno del consejo y tenga el apoyo de la mayoría.
El texto en cuestión, de casi 200 páginas, considera la economía colaborativa como una auténtica revolución económica, que ha venido para quedarse y que hay que afrontar sin ponerle puertas al campo. Las administraciones -sostiene- no deben promover normas dirigidas a negar esa evidencia y frenar esa evolución.
Consejeros "en funciones"
La Comisión de los Mercados y la Competencia tiene un presidente, una vicepresidenta y diez consejeros, nombrados todos ellos por el Congreso de los Diputados a propuesta del gobierno.
En organismos reguladores anteriores un pacto no escrito establecía, para cubrir esos puestos, cuotas para los partidos con mayor representación en el Congreso. Al crearse la CNMC el PSOE renunció, muy crítico por la supresión de las Comisiones de Energía y Telecomunicaciones.
Se designó un consejero a gusto de CiU, una por el PNV, y el gobierno eligió directamente al resto.
En septiembre de 2015 venció el mandato de tres de ellos. El Ministerio de Economía asegura que renunció a proponer sustitutos, porque se agotaba la legislatura, para que pudiese proponerlos el nuevo gobierno. Ahora, dos de los críticos con el presidente de la Comisión y una que le apoya siguen en su cargo seis meses después de que venciese su período ordinario.
Seis consejeros, entre ellos la vicepresidenta de la Comisión, critican su publicación, porque no es un informe aprobado por todo el Consejo. Pero el presidente respalda la publicación, y la apertura de una nueva consulta pública, "para seguir avanzando, como se hace en otros países europeos" -dicen en su entorno-.
A partir de ahí, los críticos han elevado al pleno del Consejo, que se reúne este miércoles, "pérdida de confianza" en el técnico responsable del informe, y dan a entender que si el presidente no lo cesa -es su potestad- llevarán el asunto a la Abogacía del Estado, porque consideran que la Comisión puede verse bloqueada. Un bloqueo que niega que vaya a producirse el sector que apoya al presidente.
En fuentes próximas a este sector se atribuye la actuación de los críticos a indicaciones del gobierno para intentar frenar la economía colaborativa, por las presiones que recibe el ejecutivo de los sectores perjudicados por su apertura.
En el entorno de los críticos lo niegan. Se declaran partidarios de avanzar en la regulación, pero "paso a paso, para no provocar más problemas que los que se intentan superar".
Sectores y empresas enfrentados
El espinoso asunto de la economía colaborativa está enfrentando a empresas y sectores a los que afecta directamente su regulación. Miguel Ángel Leal, presidente de la patronal del taxi FEDETAXI, que organizó una manifestación contra la CNMC por su posición oficial liberalizadora, "viene a deshacer todas las regulaciones que existen en nuestro país, no solamente la del taxi, y a dejar vía libre a las multinacionales extranjeras que quieren entrar en este país".
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Una de esas multinacionales, la plataforma UBER, no ha querido pronunciarse, pero en una nota oficial, resalta párrafos textuales en que la Comisión sostiene que la regulación del transporte en España contiene "restricciones contrarias a una regulación económica eficiente"... que "reducen el bienestar general".
Joseba Cortázar, de la plataforma de internet HOMEAWAY, de alquiler de viviendas y apartamentos turísticos, opina que "cualquier esfuerzo que se realice desde cualquier entidad pública encaminado a abrir un proceso de diálogo y a mejorar la regulación de forma que responda al interés general es siempre positivo". En el lado contrario Ramón Estalella, de la patronal hotelera CEHAT, sostiene que "en este momento existen unas normas de actuación, y hay unos señores que están actuando de acuerdo con esas normas, y les obligan a mantenerse en el mercado con esas normas, y no puede ser que los nuevos entrantes no jueguen con las mismas reglas, porque entonces no se nivela de ninguna manera el terreno de juego".
