Doce años de corrupción, los últimos con presunta financiación ilegal

Madrid

La Cadena SER ha tenido acceso a parte de sumario judicial que investiga la presunta financiación ilegal por parte del Partido Popular valenciano durante estos últimos años. Son doce años de corrupción del año 2003 hasta el 2015 que empezaron con el enriquecimiento de miembros del PP valenciano como el exvicepresidente de la Corporación Provincial y exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla o el exgerente confeso de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent.

Según el sumario se hacían adjudicaciones amañadas a distintas empresas de contratas públicas "manipulando las bases o condiciones del concurso y en el cobro a cambio de comisiones por parte de empresas adjudicatarias". Después se encubría su cobro y el posterior blanqueo del dinero recibido.

Lo que se investiga según este sumario judicial es el amaño de contratos, la manipulación de las bases o condiciones de los concursos, cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones, simulaciones para encubrir estos cobros y blanqueo del dinero recibido.

Hablamos de una actividad delictiva que puede llevar aparejadas penas de prisión y de inhabilitación superior en algunos casos a los diez años. Las instituciones investigadas son la Diputación de Valencia y el ayuntamiento de Valencia principalmente y los siete delitos investigados: prevaricación, administrativa, cohecho, fraude en la contratación pública, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El juez investiga un total de nueve empresas vinculadas a dos altos cargos del PP que aparecen en el epicentro de la trama: El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y el exvicepresidente de la Corporación Provincial Máximo Caturla. Las empresas cercanas a Rus investigadas como empresas favorecidas ilícitamente para la concesión de contratas son: Empresa Fabricación y Distribución del Mueble, Geneva Fondo Inmobiliario, sede social del Club Deportivo Olímpic de Xàtiva, Servimun, Valtiva y Auriba, Domenech Hermanos y Beniplast- Benitex. En el caso de Máximo Caturla hay indicios de contratación amañada, facturación falsa y comisiones de la empresa Ciegsa y Estilo Kiki.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

En total las empresas investigadas son quince, todas acusadas de haber obtenido concesiones irregulares de contratas a cambio de concesiones. Está la empresa Engloba y Thematica Events,vinculadas a la concejalía de cultura del ayuntamiento de Valencia y a la empresa publica Imelsa, la empresa Cleop, Estudio Método de la Restauración, Construcciones Luján, Construcciones Francés y Clásica Urbana.

A la secretaria municipal María del Carmen García Fuster se le acusa presuntamente de "blanquear capitales mediante las entregas, por su parte, de dinero presuntamente efectuadas a terceras personas para su ingreso en las cuentas del PP, en la sede de la Agrupación local de dicho partido en Valencia".