Un pacto para los negocios de Urdangarin en Baleares

Palma de Mallorca

Jaume Matas ha sido el que ha movido la primera pieza para poner en jaque a Iñaki Urdangarin y a Diego Torres y empujar a quienes fueron socios y amigos a los brazos de la fiscalía anticorrupción.

A pocos minutos de que se cerrara el registro de la Audiencia de Palma el pasado viernes, el expresident de Baleares y antiguo ministro del gobierno de Aznar, puso a disposición del tribunal la mitad del palacete que posee en pleno centro de la capital balear "para reparar el daño causado derivado de los delitos cometidos". Si el máximo dirigente político de la administración que entregó 2,6 millones de euros al Instituto Nóos reconoce que el procedimiento no siguió los cauces legales, la defensa del cuñado del Rey y de Diego Torres queda seriamente comprometida. Matas busca un pacto con el fiscal y no deja otra alternativa a los jefes del Instituto Nóos si no quieren enfrentarse a penas para ambos que sumadas superan los 30 años de cárcel.

Fuentes de la fiscalía han señalado a la Cadena SER que no hay pacto ni acuerdo con ellos y que no se hace ninguna excepción en este caso. Se trata de que devuelvan el dinero y confiesen los delitos a cambio de una reducción de la condena que, en cualquier caso, será de una pena superior a dos años que les obligaría a ingresar en prisión. Tienen de plazo para hacerlo hasta el 9 de febrero cuando comiencen los interrogatorios.

El principal escollo para llegar a un pacto con todos los acusados por los contratos concedidos a Iñaki Urdangarin en Baleares sigue siendo la Infanta Cristina. Fuentes jurídicas señalan a esta emisora que "nunca reconocerá que ha cometido un delito", por lo que queda a expensas de que el tribunal le aplique la doctrina Botín. Si se le aplica y queda fuera del banquillo "sería difícil pero podría haber un acuerdo con todos", aunque lo más probable, concluyen, "es que se llegue a acuerdos parciales para reconocer solo de algunos hechos y algunos delitos".