Diez claves sobre 'caso Nóos' que puso a la monarquía bajo sospecha

Madrid

Cinco años después de que el fiscal anticorrupción Pedro Horrach tirase de un hilo casi invisible —una carpeta de color marrón con algunos folios sobre un convenio de colaboración sospechoso—, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares juzga a 18 personas vinculadas a una supuesta trama de corrupción que durante al menos tres años (2004-2006) desvió dinero público en grandes cantidades a empresas privadas propiedad de Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina, y de su socio, Diego Torres.

Los gobiernos del PP en Baleares y Comunidad Valenciana adjudicaron a dedo la organización de eventos para la promoción del turismo a través del deporte a una sociedad de Torres y Urdangarin denominada Instituto Nóos, que se presentaba como una entidad sin ánimo de lucro y en cuyo consejo de administración figuraban la infanta Cristina y su secretario, Carlos García Revenga.

Torres y Urdangarin fijaban las tarifas de cada evento (un millón de euros por término medio) y, según la investigación, se embolsaban a través de distintas empresas privadas el 80% del precio pagado por las administraciones públicas. El resto era el coste real del evento.

Cinco años de investigación han dejado un banquillo de los acusados con Cristina de Borbón y su marido, el socio Diego Torres y su esposa, responsables políticos de los gobiernos del PP en Baleares y Valencia que contrataron con la trama, y diversos cargos de la red empresarial creada para lucrarse con los contratos de las administraciones públicas.

Las claves del juicio son las que siguen:

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1.- Del sobrecoste de un polideportivo, a los negocios del yerno del Rey. El caso Nóos comenzó casi por casualidad. El juez José Castro y la Fiscalía Anticorrupción tenían abierta una investigación por el gigantesco sobrecoste de un polideportivo público cuyas obras adjudicó el Gobierno de Jaume Matas (PP) por 48 millones de euros y que acabó costando 110 millones.La investigación de aquel escándalo, aún pendiente de juicio, dio lugar a 26 piezas separadas, la última referida al denominado caso Nóos. Los registros ordenados por el juez con el impulso de la Fiscalía descubrieron nuevos delitos –entre ellos, la financiación ilegal del propio PP– y una documentación sospechosa que detallaba cómo el Gobierno balear adjudicó a dedo, sin concurso previo y saltándose todas las normas de contratación pública, al menos dos eventos para la promoción turística de las islas con el denominado Instituto Nóos, supuestamente sin ánimo de lucro, cuyo propietario era Iñaki Urdangarin, yerno del rey Juan Carlos.

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2.- De Baleares a Valencia, la confesión de un tráfico de influencias. La investigación judicial puso la lupa sobre el Instituto Nóos, ordenó un registro en sus oficinas, destapó todos los negocios de la trama y descubrió el destino final de una parte importante del dinero que pagaban las administraciones públicas. El juez Castro y el fiscal Horrach supieron entonces que la trama empresarial de Urdangarin y Torres había hecho negocios no sólo en Baleares sino también con la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y con otros municipios menores, y que todos los contratos seguían el mismo patrón, sin concurso previo y con unas tarifas que las instituciones públicas ni decidían ni controlaban. Jaume Matas confesó que adjudicó esos contratos en esas condiciones porque se lo pidió el yerno del Rey Juan Carlos y la monarquía había generado muchos beneficios en Baleares.

3.- La condenada hipoteca del palacete de Pedralbes. Casi a la vez que Iñaki Urdangarin arrancara su aventura empresarial con Diego Torres en el Instituto Nóos, el yerno del Rey y su esposa, la infanta Cristina, se embarcaron en la compra del Palacete de Pedralbes. El precio, 5,8 millones de euros, quedaba muy lejos de sus posibilidades económicas de entonces. Pese a ello, el matrimonio firmó la compra del inmueble en 2004: tres plantas con siete habitaciones y diez baños, 1.000 metros cuadrados edificados sobre una parcela de 2.200 metros cuadrados.

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La Caixa concedió un crédito de cinco millones de euros al matrimonio a devolver en 30 años con una letra anual de 208.000 euros netos. La pareja declaró ese año a Hacienda unos ingresos brutos de 186.000 euros. Las cuentas no salían.

4.- La curiosidad de un diputado socialista arruina el negocio del Duque de Palma. El negocio de Urdangarin y Torres, conocido por la Casa del Rey, dio beneficios suficientes durante los años 2004, 2005 y 2006 como para que el yerno del rey Juan Carlos pudiera hacer frente, junto a los ingresos profesionales de su mujer, a la hipoteca del palacete y a las obras de reforma del inmueble, casi tres millones de euros más.

El Instituto Nóos facturó más de seis millones de euros en esos años con Baleares y la Comunidad Valenciana. La investigación judicial sostiene que el 80% eran beneficios que se repartían Urdangarin y Torres vulnerando la ley a través de sus distintas empresas privadas. Un diputado socialista balear, Antoni Diéguez, preguntó en 2006 por esos contratos a dedo que el Gobierno de Jaume Matas adjudicaba a la empresa de Urdangarin. La curiosidad del parlamentario arruinó el negocio.

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5.- Nuevos trabajos de Urdangarin, más delitos fiscales. El Rey Juan Carlos ordenó a Urdangarín dejar ese trabajo. Sin ingresos, el yerno del Rey comenzó una nueva vida y fue logrando con menos esfuerzos unos ingresos similares a los que conseguía en el Instituto Nóos. A Urdangarin le consiguieron sentar en media docena de consejos de administración de empresas privadas, con los que llegó a ingresar en un año cerca de un millón de euros.

Para evitar el pago de impuestos que le hubieran dejado casi en la mitad sus ingresos como consejero de esas empresas privadas, Urdangarin optó por facturar sus servicios a nombre de una empresa, Aizoon, que había creado años antes junto a su esposa Cristina de Borbón y con la que en parte logró desviar hacia su bolsillo los beneficios conseguidos entre 2004 y 2006 con el Instituto Nóos. Hacienda consideró ilegal esa fórmula, calculó el fraude, que superaba los 120.000 euros, y concluyó que Urdangarín había cometido delito fiscal.

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6.- Aizoon, una empresa instrumental a nombre del matrimonio. La investigación judicial puso la lupa sobre la empresa Aizoon y descubrió numerosos gastos personales de Cristina de Borbón y de Urdangarin que se hacían pasar por gastos relacionados con la actividad de la sociedad para pagar menos impuestos. El juez, en contra del criterio del fiscal, de los peritos de la Agencia Tributaria y de la Abogacía del Estado, entendió que la presencia de Cristina de Borbón como propietaria del 50% de Aizoon le hacía responsable de los delitos fiscales detectados por Hacienda.

7.- Los peritos de la Agencia Tributaria exculpan a la Infanta. Los técnicos de la Agencia Tributaria, que declararon ante el juez Castro, sostuvieron que el responsable único era Urdangarin ya que se trataba del administrador de la empresa y de la única persona que aportaba fondos a la sociedad. Esta declaración de los técnicos de Hacienda es la mayor baza jurídica de la defensa de Cristina de Borbón para que la hermana del rey Felipe VI salga absuelta del delito fiscal por el que la acusación popular de Manos Limpias le pide ocho años de cárcel.

8.- Cristina de Borbón, entre la doctrina Botín y la doctrina Atutxa. La infanta se sentará en el banquillo de los acusados, a solo tres sillas de distancia de su marido, Iñaki Urdangarin, con la esperanza de salir indemne de la causa incluso antes de que comiencen los interrogatorios.

Los abogados de la infanta Cristina jugarán la carta de la doctrina Botín, que evitó el juicio al ya fallecido presidente del Banco de Santander Emilio Botín. Esa doctrina, controvertida y cuestionada desde distintos ámbitos jurídicos, evita que alguien se siente en el banquillo si no le acusa ni el ministerio público ni el perjudicado directo de su supuesto delito (en este caso la Abogacía del Estado, que defiende los intereses del ministerio de Hacienda).

Tanto el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, como la Abogacía del Estado, sostienen que la infanta Cristina no es responsable del delito fiscal cometido por Aizoon, la empresa cuya propiedad compartía la hija del rey Juan Carlos con Iñaki Urdangarin.

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9.- Los aforamientos salvan del banquillo a Francisco Camps y Rita Barberá. Jaume Matas, expresidente balear, se sentará en el banquillo de los acusados del caso Nóos por haber facilitado los contratos millonarios a la supuesta trama empresarial corrupta. Por hechos idénticos a los ocurridos en Baleares, el entonces presidente valenciano, Francisco Camps, y la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no deberán responder ante ningún tribunal. La diferencia estriba en que el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach estaban convencidos de la responsabilidad penal de Camps y de Barberá, pero no pudieron decidir sobre su futuro judicial dado que ambos eran diputados autonómicos y su suerte dependía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que decidió sacarlos de la causa al no encontrar suficientes indicios de delito contra ambos.

10.- Arrepentimientos, confesiones y penas de cárcel de un caso que ensució la imagen de la monarquía. El caso Nóos dejará tocada para siempre a la institución monárquica. El marido de la infanta Cristina, según todos los expertos, será condenado a penas de cárcel por delitos de corrupción cometidos a través de una trama empresarial en la que su mujer tuvo una cierta participación.

Durante los cinco años de instrucción de la causa, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que se enfrentó al juez Castro cuando éste decidió imputar a la infanta Cristina, ha logrado la confesión de algunos de los implicados en el escándalo. La confesión de estos arrepentidos supone un argumento de mucho peso para que la vista concluya con fuertes condenas de cárcel.