Un imperativo democrático
Seguro que el equipo de Rajoy ha calculado los costes y los beneficios de participar en los debates, y han llegado a la conclusión de que no les conviene enfrentar a su candidato a tres contendientes jóvenes y frescos con ganas de buscarle las cosquillas
Mariano Rajoy rechazó acudir al debate con Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias en 'El País' / MARCELO DEL POZO (Reuters)
Madrid
Están las reglas que rigen toda elección democrática y están las estrategias secretas de cada partido para explotar a su favor los huecos que dejan esas mismas reglas. En EEUU, por ejemplo, los republicanos se inventaron el gerrymandering, una tortuosa manera de delimitar las fronteras de las circunscripciones electorales, sin el menor sentido geográfico o administrativo, para concentrar su voto sociológico y sacarle el máximo partido al reparto de escaños.
A veces lo que se pretende es que la gente se quede en casa y no vaya a votar. Adormecer la campaña o evitar determinados asuntos para desalentar a los votantes del contrario. ¿Hay algo más poco democrático que perseguir que los ciudadanos se desentiendan del proceso electoral?
Toda estrategia tiene sus razones, pero no toda estrategia es aceptable.
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Seguro que el equipo de Rajoy ha calculado los costes y los beneficios de participar en los debates, y han llegado a la conclusión de que no les conviene enfrentar a su candidato a tres contendientes jóvenes y frescos con ganas de buscarle las cosquillas. O quizá hayan decidido que no pueden desaprovechar la aparente talla de estadista que ha logrado Rajoy en su gestión del desafío soberanista catalán o de la amenaza yihadista, y que un debate a cuatro resituaría al presidente del Gobierno al mismo nivel que los otros tres aspirantes a sustituirle.
Pero del mismo modo que nadie entendería aceptable que un particular o una empresa decidieran sin reparos ni disimulos si les conviene pagar los impuestos a los que están obligados o intentar esquivar la ley y ahorrarse ese gasto, resulta un desprecio a los ciudadanos y al proceso democrático que un partido se permita decidir si a su candidato le conviene o no debatir sus propuestas, su visión del país o su modo de entender la política con sus oponentes.
Mariano Rajoy consideró que le interesaba dar categoría de interlocutores a Albert Rivera y a Pablo Iglesias para hacer frente a dos enormes desafíos al Estado como la amenaza de secesión en Cataluña o los atentados yihadistas. Para debatir con ellos qué país queremos para los próximos cuatro años ha decidido negarles esa categoría y enviarles a la vicepresidenta, a modo de testaferro.
El País rechazó, coherentemente, que Soraya Sáenz de Santamaría sustituyera a Rajoy en el debate organizado para el próximo lunes 30 de noviembre, que se retransmitirá a través de la web del diario. Pedro Sánchez, Albert Rivera o Pablo Iglesias hacen bien en acudir a todas las invitaciones, con o sin Rajoy, con o sin Sáenz de Santamaría. Pero tienen el mismo derecho a recordar a la vicepresidenta, cada vez que intervenga, que ella no es la candidata y está ocupando un lugar que no le corresponde.
