Europa, incapaz de acordar el reparto de 120.000 refugiados

Bruselas

Sin acuerdo. Los ministros de Interior de la Unión Europa han sido incapaces de pactar el reparto de 120.000 refugiados propuesto por la Comisión Europea. El rechazo al carácter obligatorio de las cuotas impulsado por los cuatro países del Este -Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia- ha hecho fracasar la cita, en la que  los ministros han discutido las medidas fronterizas que conllevaría este plan y se han emplezado a otra reunión el 8 de octubre.

Por un lado, se habla de las fronteras exteriores de la Unión. Los países abogan por reforzar las fronteras exteriores de la Unión Europea a través de FRONTEX y que sea éste quien garantice la función de repatriar a quiénes no tengan derecho a asilo, es decir, a los denominados inmigrantes económicos.

Por otro lado, se trabaja en una de las quejas elevadas por el húngaro Viktor Orbán, el ‘efecto llamada’, que se quiere contrarrestar con los llamados ‘puntos calientes’: puntos de registro, donde se quedarán los refugiados hasta que sean registrados por las autoridades del país y se decida su destino. De momento, solo Grecia ha aceptado la construcción y puesta en marcha de uno de estos puntos. Italia lo condiciona a tener claro que alguien se va a llevar de su país a aquellos que no tengan derecho a asilo dentro de sus fronteras.

El ministro del interior Ranko Ostojic, viceprimer ministro del gobierno de Hungría, rechaza que la Unión deba crear un mecanismo obligatorio para repartir los refugiados que están llegando a Europa huyendo de la guerra. Actitud coordinada con los gobiernos de Polonia, la República Checa y Eslovaquia que sin embargo si aceptan instalar refugiados en su casa siempre que la reubicación sea voluntaria.

Hungría rechaza incluso crear en su país un campo para registro e identificación de los refugiados desde el que se desea preparar la redistribución por distintos países de la Unión Europea. Su creación es una de las condiciones previas para el reparto. Es en estos centros donde deben tomarse las huellas digitales, certificar el origen de cada refugiado y preparar las listas para el resto de gobiernos elijan a quienes quieren trasladar a su suelo, sabiendo que cada uno se ha comprometido a aceptar un mínimo, de forma voluntaria.

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Desde el otro extremo de la geografía, Finlandia estudia la posibilidad de crear un campo de identificación en su frontera con Suecia por donde han entrado en lo que va de año 10.000 personas con derecho al asilo que vienen desde Suecia, según sus diplomáticos. Una cifra que cuasi cuadriplica las entradas de demandantes de asilo y que abre un debate difícil en este país nórdico donde gobierna una coalición de partidos de derecha que incluye PPE, liberales y la nueva derecha populista.

Pero como los españoles, los finlandeses cierran filas con Juncker y con Merkel y evitan aumentar el grupo de los críticos que aunque minoritarios en su rechazo frontal siguen marcando la división entre países de la Unión.

Su posición tiene mucho de crítica contra la decisión de Ángela Merkel a la que consideran responsable de haber creado el caos por haber realizado de forma unilateral el anuncio de que Alemania recibiría a todos los refugiados sirios que llegaran a este país.

Desde entonces, Orbán mantiene que no puede gestionar su frontera porque todos los que llegan a ella desean pasar hasta Alemania y rechazan el registro de huellas por miedo a que la ley que sigue siendo válida a nivel europeo les obligue a quedarse en territorio húngaro.

Frente a este problema, el gobierno de Orbán justifica las modificaciones legales que a partir de este martes pueden convertir en criminal al que entre en Hungría de manera ilegal. Un tema que de momento evitan los gobiernos de la Unión Europea argumentando que la Comisión ha anunciado un informe jurídico para decir si es o no compatible con los derechos de la UE.

Los ministros ratifican el acuerdo de julio para reubicar a 32.256 refugiados de Siria y de Eritrea

A pesar del debate, el gobierno de Austria, como el de Dinamarca y el gobierno británico han decidido mantener su rechazo y como Hungría se quedarán al margen del primer intento europeo para un reparto solidario.

Unos, (Dinamarca y Reino Unido) están exentos de cualquier obligación vinculada a la política de inmigración porque no participan en los acuerdos Schengen. El otro, Austria, simplemente, argumenta que prefiere reinstalar a personas que viven hoy en Campos de refugiados que repartirse las que ya han llegado.

En la práctica su mensaje refuerza la estrategia de Victor Orbán, cuyo gobierno sigue convencido que el reparto impulsado por Juncker crea, de facto, un "efecto llamada" y empeora el problema que a su entender ha creado Alemania.

En el caso español son 1.300 personas que se suman a las 1.449 que España acepta ir a buscar a los campos de refugiados de Naciones Unidas. En total son 2.749 refugiados que han de llegar en los dos próximos años y para las que la Comisión dará al gobierno español 6.000 euros por persona.

El Ministro español, Jorge Fernández Díaz ha confirmado que España modifica sus críticas iniciales al reparto que propuso Bruselas y aceptará también los 15.000 refugiados que según la Comisión le corresponden por PIB y población, del total de 120.000 que los gobiernos desean reubicar tras las llegadas masivas del verano. Un proyecto para el que se desea fijar la obligación del reparto y que de momento no avanza por la oposición abierta de Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia.

El ministró español ha eludido, como el resto, las críticas directas a los gobiernos más duros y centrado su primera intervención ante la prensa en asegurar que España se prepara para recibir hasta 35.000 personas con derecho al asilo. Fernanda Díaz justifica su cálculo por "la situación geográfica de España" y porque de momento "3.500 personas procedentes de Siria han entrado ya en España por la frontera de Melilla".