Sanidad excluye a los 'sin papeles' que ganen más de 532 euros al mes

Madrid

El Ministerio de Sanidad ha trazado ya las líneas mínimas para su propia marcha atrás, es decir, para devolver, parcialmente, la sanidad a los inmigrantes irregulares. La misma atención médica que el actual Gobierno del PP retiró con el Real Decreto 16/2012, que entró en vigor hace justo tres años.

Según el documento que el Ministerio de Sanidad ha llevado este miércoles a la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial, los ‘sin papeles’ que pretendan tener acceso a ese documento sanitario deberán acreditar un empadronamiento de al menos seis meses, y no de un año, según recogió el Ministerio de Sanidad en su último borrador, adelantado por la Cadena SER.

Pero la gran novedad que guardaba el departamento de Alfonso Alonso tiene que ver con poder adquisitivo de estas personas. Según el Ministerio de Sanidad, los inmigrantes deberán acreditar que “no disponen de recursos económicos suficientes ni tener ingresos superiores en cómputo anual al IPREM”.

Se trata de Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que actualmente está fijado en 532 euros al mes. Pero en la propuesta de Sanidad se exprime al máximo este requisito porque determina que ese límite afectará a “la unidad familiar con la que conviva”. Por tanto, una familia que gane más de 532 euros anuales quedaría excluida de este derecho.

Sanidad asume ahora que no tiene competencias

El pasado lunes, el Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso aseguró que la atención a los inmigrantes irregulares es una “competencia nacional y no parece razonable ir aprobando regulaciones específicas en las comunidades, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo más allá de demagogias que hacen unos y otros”, dijo el pasado lunes en Radio Nacional de España.

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Pero dos días después su número dos, el Secretario General de Sanidad, Rubén Moreno ha reculado, asume que las propuestas del Ministerio de Sanidad son meras recomendaciones porque cada Comunidad Autónoma podrá hacer lo que quiera. “Obviamente es competencia de ellas [comunidades]. Si alguien establece que en lugar de seis meses o de uno año [de empadronamiento], es de tres, tienen derecho a hacerlo”.

El documento que el Ministerio de Sanidad ha presentado este miércoles a las Comunidades es el mismo que consensuó con los antiguos gobiernos autonómicos, mayoritariamente del Partido Popular.

Por eso, el Ministerio de Sanidad ha dado un plazo de 15 días para que los nuevos gobiernos hagan sus propias alegaciones a este documento (que no es el mismo que la semana pasada enviaron a las respectivas Consejerias de Sanidad).

De momento, en esta reunión, todas las regiones gobernadas por el PSOE han exigido al Ministerio de Sanidad la derogación de este Real Decreto y la vuelta atrás al anterior modelo, donde sí se daba la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

A esa petición también se han sumado Euskadi y Navarra