El Supremo autoriza a los ciudadanos la grabación de plenos de sus ayuntamientos

La sala Contencioso del Supremo reconoce que el ayuntamiento ha vulnerado el artículo 20 de la CE, el derecho a la libertad de expresión y de información, al prohibir mediante el artículo 107 de su reglamento interno la grabación de un pleno municipal a uno de los asistentes.

Los jueces dicen que además de los medios de comunicación, el público, los concejales o cualquiera que asista a la sesión plenaria tiene derecho a grabarla. Todos los actos son públicos, salvo restricciones puntuales, y el alcalde no puede restringir el derecho a recibir información porque ese ejercicio de un derecho fundamental “establece precisamente una habilitación general con reserva de prohibición; y no al revés”.

El Supremo reconoce que la alcaldía actuó con discrecionalidad e impuso una censura previa que "ha de entenderse como cualquier impedimento a prior" al ejercicio de las libertades de información y expresión; y no cabe duda que esa autorización previa que el repetido artículo 107 del Reglamento Orgánico Municipal establece obstaculiza el inmediato ejercicio del derecho a la grabación de las sesiones plenarias y encarna, por ello, ese impedimento "a priori" con el que hay que identificar la censura previa".