Facua denuncia a PorAventura por sus "normas de funcionamiento"
La nueva normativa amenaza con impedir la entrada al usuario que critique el parque en las redes sociales u otros medios de comunicación
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Montaña rusa del parque de atracciones PortAventura.
![Montaña rusa del parque de atracciones PortAventura.](https://cadenaser.com/resizer/v2/ANO7SBPP6BPQLLJBQNNNJYMVX4.jpg?auth=6b6efcd49294bfdada6083805e9cfaba86a05afba417758337db8c8ca7ab7ac3)
Madrid
FACUA ha denunciado a PortAventura ante las autoridades de consumo por amenazar a los usuarios con impedirles la entrada al parque de ocio si lo critican en las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación.
La asociación ha remitido sendas denuncias contra Port Aventura Entertainment a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad y a la Agencia Catalana del Consumo, adscrito al Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya.
La empresa ha actualizado las "normas de funcionamiento"de PortaAventura Park y Costa Caribe Aquatic Park. En ellas ha incorporado una cláusula en la que advierte de que podría retirar los pases de temporada PortAventura Club de forma definitiva o impedir su renovación a los consumidores que publiquen información que "pudiera lesionar o causar un perjuicio a la imagen de PortAventura".
Afirmaciones "contrarias a la moral" o "al orden público"
El parque, ubicado en la localidad tarraconense de Vila-seca, extiende esta amenaza a quienes a su juicio perjudiquen la imagen de "terceros" con sus afirmaciones públicas o realicen afirmaciones "contrarias a la moral" o "al orden público". Un intento de censura que FACUA considera tan ilegal como disparatado, ya que implicaría que cualquier opinión crítica manifestada por un ciudadano en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión que disgustara a los responsables de PortAventura sería motivo para impedirle la entrada al recinto.
La asociación considera que esta limitación en el derecho de admisión vulnera tanto la legislación estatal como autonómica de protección de los consumidores, al intentar impedir el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión e información.