El Gobierno desconoce si España cobró toda la asistencia sanitaria a europeos

Madrid

Da igual que esté de negocios, de vacaciones, o que haya venido a España por una simple visita, cualquier ciudadano europeo que lo necesite, tiene derecho a ser atendido en un hospital de un Estado miembro.

El paciente nunca paga por esa asistencia médica in situ, pero el centro sanitario sí debe emitir una factura, que después debería ser pagada por el país de origen. Ese desembolso se hace a través de un fondo de compensación. Es decir, periódicamente, todos los Estados miembro ponen sobre la mesa el número de pacientes extranjeros que han sido tratados en cada uno de esos países, y se pagan mutuamente.

En el caso de España, entre 2012 y 2013, facturaron 281.920.031 euros, según los datos oficiales que figuran en una respuesta por escrito del Congreso en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

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La Cadena SER preguntó al Ministerio de Empleo (el departamento encargado de gestionar estas facturas, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social) si ese importe corresponde con el 100% de la atención médica ofrecida. Es decir, si España había cobrado toda la asistencia sanitaria que había ofrecido a los ciudadanos europeos y a los extranjeros con acuerdos bilaterales.

No hubo respuesta. No pueden dar esa información porque “ese dato es inaccesible”. Sin embargo, y sorprendentemente, desde el Ministerio de Empleo han remitido a la SER al Portal de Transparencia para encontrar esa documentación.

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“Hay un problema. No todas las asistencias sanitarias que se hacen a los ciudadanos europeos en nuestro país no siempre se cobran, porque no siempre se emiten las facturas. El Gobierno debería mejorar ese sistema de cobro”, según ha explicado a la SER el diputado socialista, José Martínez Olmos, que fue quien formuló la pregunta al Gobierno.

Según el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, el PP utilizó de forma “demagógica y torticera” esos problemas de facturación cargándoselo en las espaldas de los inmigrantes sin papeles, al retirarles las tarjetas sanitarias con el objetivo de acabar con el "turismo sanitario".

“Lo que no se puede hacer es que esa falta de cobro, que el Tribunal de Cuentas estimó en 1.000 millones de euros al año, no se puede imputársela a los inmigrantes en situación irregular que no tienen derecho a la asistencia sanitaria en suelo europeo”, añade.

Otra de las lagunas en el sistema de cobro está en las tarifas que se aplican. "Hay que mejorar la actualización de las tarifas, de tal manera, que lo que se cobra sea acorde al gasto real de la atención médica realizada", según Martínez Olmos, “esa actualización debería hacerse de forma anual, y no como hasta ahora”.

Con diferencia, Valencia, con casi 70 millones de euros, es la Comunidad que más cobró por atender a pacientes de fuera de nuestras fronteras, seguida de Andalucía y Canarias.