El PSOE urge al Tribunal de Cuentas a fiscalizar a los gobiernos que contrataban con la Púnica
La iniciativa registrada en el Congreso señala a 20 ayuntamientos y los gobiernos de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Murcia
Madrid
La ofensiva parlamentaria que emprendió el PSOE para hacer que Mariano Rajoy dé explicaciones en el Congreso sobre los casos de corrupción en los que la justicia investiga a su partido no ha dado resultado (ya son veinte las peticiones de comparecencia sin que el presidente del Gobierno haya subido a la tribuna por este asunto) así que ahora el PSOE mueve ficha en otra dirección: quiere que el Tribunal de Cuentas abra un proceso de fiscalización específico para las adminitraciones que han contratado con empresas de la trama Púnica.
Ha sido Antonio Hernando, portavoz socialista, quien ha dado a conocer este jueves la iniciativa, minutos después de registrarla en el Congreso. Una solicitud de fiscalización que afecta a 20 ayuntamientos y a los gobiernos regionales de Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla y León. Todas son administraciones que, según los socialistas, han cerrado adjudicaciones a las empresas implicadas en el investigación judicial.
Los socialistas dan un paso en su estrategia de oposición un día después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunciase su personación en el caso, un paso adelante que rompe, según fuentes socialistas, la inercia popular a la hora de abordar los asuntos de corrupción que, hasta ahora, según recuerdan esas fuentes, ha sido encogerse de hombros. ¿Qué ha fallado? Ésa es la pregunta que se hacía Hernando en rueda de prensa.
Él mismo se respondía. A juicio del portavoz socialista, Púnica es otra manifestación de la "connivencia" del PP con la corrupción que tiene la misma finalidad que la trama Gürtel: la "financiación del Partido Popular y en enriquecimiento de algunos de sus dirigentes". Ése es el hilo conductor de las corrupciones populares, según el relato de Hernando. Ha explicado que Púnica y Gürtel tienen "caminos paralelos" y ambas acaban en el mismo sitio, en Génova 13, donde está la sede nacional del Partido Popular. Sus depachos, ha dicho Hernando, están "palagados de corrupción". Planta a planta, ha señalado, citando los despachos de Bárcenas o Granados y también de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre.