El PSOE encaja el peor de los escenarios posibles en el caso de los ERE
Ferraz y la dirección andaluza coinciden en la hoja de ruta tras las imputaciones

Los diputados socialistas Manuel Chaves y Gaspar Zarrías conversan durante el pleno del Congreso. / Emilio Naranjo (EFE)

Madrid
La hoja de ruta estaba trazada. Había coincidencia entre Ferraz y la dirección andaluza del PSOE porque tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz habían empeñado su palabra públicamente: cuando se atribuyera un delito a alguno de los imputados que conservaban su escaño, tendrían que abandonarlo. José Antonio Griñán renunció al Senado hace diez días antes de conocer el pronunciamiento del Tribunal Supremo, el resto (Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera) pusieron sus actas de diputados a disposición del partido ayer, tal y como informó el secretario de Organización, César Luena.
En el PSOE llevaban días trabajando en las posibles respuestas a los escenarios que podrían plantearse. Las fuentes consultadas admiten que se les presentó el peor: el Tribunal Supremo imputa a los dos ex presidentes de la Junta (gobernaron desde 1990 a 2013, en el caso de Manuel Chaves durante 19 años) por el caso de corrupción más grave que se ha producido en Andalucía y que ha marcado la actividad política de la comunidad autónoma y del PSOE andaluz en los últimos cinco años.
En los cuadros del partido la noticia fue recibida con tristeza. Y es que, con mayor o menor intensidad, en las filas del PSOE había cundido la idea de que la titular del juzgado de instrucción número 6, Mercedes Alaya, había emprendido una suerte de "cruzada" contra el socialismo andaluz que toparía con el Tribunal Supremo a la hora de dirimir responsabilidades y de decidir sobre la imputación de los ex presidentes de la Junta y los ex consejeros que no tuvieron responsabilidad en la Consejería de Empleo. En ese departamento se concedieron las ayudas con cargo al fondo 31L del Presupuesto de la Junta investigadas en la trama. Finalmente solo la senadora y ex consejera de la Presidencia María del Mar Moreno se ha quedado fuera ya de las pesquisas, lo que produjo ayer una gran conmoción en las filas socialistas.
En el PSOE aseguran que los propios afectados tenían asumido que dejarían el escaño llegados a este punto. Fue el secretario de Organización del quien confirmó que el partido no tuvo que pedirles la renuncia a sus actas. "Les honra", aseguró el número dos socialista, quien confió en que puedan probar su inocencia en el proceso judicial. Muchas fuentes consultadas coincidieron en subrayar a los ex presidentes no se les imputa por lucrase en su actividad pública y defendieron la presunción de inocencia.
Los socialistas han aplicado a este caso un nivel de exigencia superior a lo que establece su código ético, que plantea la renuncia al acta de parlamentario una vez que se abre juicio oral. Tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz dijeron en su día que no llevarían imputados en sus listas ni en sus grupos parlamentarios. Luego emplazaron a la atribución de un delito por parte del Alto Tribunal, que se produjo ayer. El PSOE ha tenido que responder un día si y otro también sobre la continuidad de Chaves y Griñán en sus escaños durante la negociación de la tortuosa investidura de Susana Díaz.