El derecho a la vivienda corre peligro en España

Madrid

Abiertamente, Amnistía Internacional acusa al gobierno español de “incumplir sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda”, porque tiene "una de las políticas de vivienda social más endebles de Europa".

Una acusación avalada con varios datos. El primero, en plena crisis, cuando más desesperación había en nuestros país, España, más políticas regresivas aplicó. “En solo 4 años, entre 2008 y 2012, la ayudas a la vivienda descendieron de 40,95 a 27,79 euros por persona”, es decir, lejos, muy lejos de la media europea que está en 134 euros.

Son datos que recoge en su informe ‘Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España’, donde se alerta, por ejemplo, que a pesar de las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008, el Gobierno ha adoptado medidas insuficientes que no han protegido la vivienda como un derecho humano y cuyo alcance ha sido “muy restrictivo” porque ha beneficiado únicamente a 31.500 familias.

Para Amnistía Internacional los desahucios son “la violación de derechos humanos más extendida en España”. Por eso, eso esta organización reclamó este martes que se paralicen todos los desahucios hipotecarios en España hasta que no se adopten garantías de protección.

Ven indispensable la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces analicen caso por caso la razonabilidad y la proporcionalidad de un desalojo, y un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas en el que las autoridades exijan a aquéllas que el desalojo sea la última alternativa.

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Poca vivienda social

Según este estudio, y basándose en datos de Eurostat, España, con más de tres millones de viviendas vacías, concentra el 30% de los pisos vacíos de toda Europa.

Sin embargo, España solo reserva un 1,1% a viviendas sociales (algo más de 250.000 pisos). Es decir, estamos a años luz, por ejemplo, de Holanda con el 32% de pisos sociales, Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%).

De hecho, Amnistía subraya que, en lugar de hace frente a esta alarmante cifra, las autoridades de dos de las comunidades autónomas donde existen más desalojos y viviendas vacías, como Cataluña y, sobre todo, la Comunidad de Madrid, han vendido vivienda social obviando así sus obligaciones en materia del acceso a la vivienda.

Asimismo, Amnistía Internacional recalca que la Sareb (conocida como “banco malo”, es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las entidades bancarias nacionalizadas y en proceso de reestructuración) tiene en su propiedad 80.000 viviendas, de manera que el Gobierno debería modificar su mandato y promover así el uso de esas viviendas para asegurar el acceso al mayor número de personas.

Testimonios

El informe recoge el testimonio de 45 víctimas de los desahucios. Entre ellas, dos mujeres. La primera es Ainhoa Lafuente, que describe cómo, a la hora de firmar su contrato, no contó con toda la información necesaria para saber que sus padres también ponían riesgo su propia casa como avalistas. En 2013 dejó de pagar la cuota hipotecaria y, con una hija a su cargo y tan sólo una ayuda por desempleo de 337 euros, decidió regresar al hogar de sus padres, en Barcelona. “Ni siquiera le puedo ofrecer a mi hija un techo y cuatro paredes, y tiene tres añitos, es muy injusto”, relata.

Ainhoa perdió 30 kilos desde que dejó de pagar su hipoteca.

También se recoge la historia de Maritza Saavedra, vino de Ecuador en 2001. Tanto ella como su marido trabajaban, así que decidieron comprar un piso en 2007. Sin embargo, al quedarse ambos sin empleo, vieron que no podían seguir pagando la hipoteca y les llegó una orden de desalojo. “Decidimos salir de la casa antes de que se cumpliera la fecha para ahorrarle a mi hija ese momento. No nos llevamos más que la ropa”, explica Maritza Saavedra.

La familia tuvo que marcharse a vivir con la hermana de Maritza durante unos meses y después a compartir piso a una casa donde dormían los tres en la misma habitación. Finalmente, una vecina les cedió una vivienda, por la que ahora pagan un pequeño alquiler. “Por lo menos estoy aquí tranquila con mi esposo y mis hijos, pero siempre tengo el pensamiento de que hemos hecho un esfuerzo para nada porque lo hemos perdido todo realmente”, apostilla.

Durante 12 meses, entre abril de 2014 y 2015, Amnistía Internacional se ha entrevistado, con jueces, catedráticos, abogados, y responsables de los ministerios de Economía, y de Fomento.

No tuvieron tanta suerte con el Ministerio de Justicia, que al igual que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), se negaron a recibir a los investigadores de Amnistía