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CASO GÜRTEL

De la Mata propone al Supremo que investigue a la senadora García Pelayo

El juez de la Audiencia Nacional observa indicios de un delito de "prevaricación continuada" por las "groseras ilegalidades" cometidas por la exalcaldesa de Jerez y senadora del PP al contratar a la Gürtel, y remite esta pieza al Supremo para su investigación

María José García Pelayo, senadora del Partido Popular.(EFE)

María José García Pelayo, senadora del Partido Popular.

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional, José De La Mata, ha remitido una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue la pieza separada del caso Gürtel que investiga las adjudicaciones de FITUR 2004 a la trama, al observar indicios de "groseras ilegalidades" en la actuación de la entonces alcaldesa del PP, María José García Pelayo.

El juez, quien sostiene que la alcaldesa "ejerció de forma arbitraria el poder", remite el caso al Supremo por la condición de aforada de García Pelayo, ya que en la actualidad es senadora del Partido Popular. El juez ve indicios de un delito de "prevaricación continuada" en la actuación de la alcaldesa, porque como presidenta del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez "aprobó el pago de las facturas" a la trama "eludiendo los requisitos" legales de contratación pública el 4 de agosto de 2004.

El total de la contratación superó los 355.000 euros y según la Intervención del Estado, todo se pergeñó, planificó y firmó en favor de la trama Gürtel, antes incluso de que se publicaran los criterios de adjudicación, vulnerándose los principios de contratación pública.Los hechos que se han investigado en este pieza separada se han centrado en determinados contratos administrativos llevados a cabo por el IPDC, un órgano participado por el Ayuntamiento de Jerez, para el desarrollo de Fitur 2004, así como otros expedientes como el de acondicionamiento para la Plaza Mayor de Madrid para un espectáculo ecuestre.

De la investigación se desprende que los expedientes investigados se tramitaron incumpliendo los estatutos y sin ser aprobados por el Consejo Rector. En el caso de la adjudicación del stand del ayuntamiento de Jerez para la Feria de Fitur 2004, participaron personas y empresas vinculadas a Correa, "efectuando gestiones, contratación y pagos a proveedores con anterioridad al procedimiento formal de contratación". Las mercantiles Special Events y Down Town elaboraron su documentación administrativa para presentarla a los concursos de los que resultaron adjudicatarios, cuando ya los trabajos se habían realizado "y transcurrido casi un mes desde su finalización" y de lo que se infiere que el órgano contratante no disponía de la documentación con carácter previo a la ejecución del procedimiento administrativo de contratación y adjudicación.

En su exposición motivada el juez de la Mata detalla todos los indicios recabados contra la exalcaldesa, que debió conocer que el competente para aprobar estos contratos era el consejo rector. Pese a ello, "aprobó personalmente, con conciencia de su falta de competencia, los concursos, los pliegos y la adjudicación de los contratos. Con posterioridad a la prestación del servicio por las empresas, consciente de que no era suya la competencia, sometió el asunto a la ratificación del Cobsejo Rector". Según explica el juez, la entonces alcaldesa conoció que todos los documentos presentados por las empresas y los propios documentos administrativos " se confeccionaron, se presentaron y se incorporaron a los expedientes en fecha posterior a las que se hizo constar en los mismos.

De la Mata tipifica los hechos como un delito de prevaricación continuada en tanto todas la resoluciones administrativas investigadas "eran falsas, se firmaron con posterioridad a las fechas que figuran consignadas en las mismas y no se correspondieron en absoluto con la realidad de expedientes administrativos reales".

Toda la actuación desarrollada por la persona aforada, señala el juez, "con la participación del resto de imputados fue además injusta. Se llevó a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas".

En esta pieza, que el Supremo tendrá que decidir ahora si admite a trámite, hay otros siete imputados más. Entre ellos trabajadores del Ayuntamiento de Jerez, además de los líderes de la trama y del exasesor de Javier Arenas, Isidro Cuberos, quien en su comparecencia ante el juez declaró sentirse "muy orgulloso" de su mediación con la Gürtel para Jerez, por la que se embolsó más de 50.000 euros.

 
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