Griñán y Zarrías piden una batería de diligencias al juez de los ERE

Madrid

Las defensas de los aforados en la investigación abierta en el Tribunal Supremo por las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta de Andalucía han pedido al instructor, Alberto Jorge Barreiro, la práctica de nuevas pruebas para acreditar que no cometieron delito alguno.

El letrado de José Antonio Griñán ha presentado un escrito con abundante documentación para demostrar que, al contrario de lo que sostiene la acusación, el Parlamento de Andalucía "ejerció de manera plena sus derechos de examen, enmienda y aprobación" del presupuesto destinado a los ERE y que fue el Parlamento "quien decidíó que las transferencias de financiación constituían la figura presupuestaria adecuada para implantar la política de ayudas que pretendía llevar a cabo". La defensa pide al juez que recabe documentación de la Junta de Andalucía y del juzgado de Alaya.

El abogado de Gaspar Zarrías insiste en que el exconsejero de presidencia no tiene nada que ver con la causa de los ERE porque "no diseñó el sistema de ayudas sociolaborales, no dictó ninguna resolución y no concedió ninguna de las ayudas cuestionadas". Añade que las modificaciones presupuestarias -que nunca supusieron un aumento del gasto público- contaron con el visto bueno de la intervención general.

La Junta pudo prevenir

El escrito subraya que "todas las incertidumbres constituyen una situación indefensa porque no sabemos que hipótesis estamos convocados a desmentir ya que si hace se le reprochará lo que hizo, si se abstiene de hacer, se le reprochará su omisión". Y concluye reconociendo que no va a promover "la tesis de que la Junta de Andalucía lo hizo todo bien porque no lo necesita" y porque es evidente que "visto lo sucedido, la Junta podía haber extremado sus cautelas, prevenciones y controles" aunque a renglón seguido explica que "esta defensa no argumenta sobre la pureza sino sobre la juricidad y atipicidad y Gaspar Zarrías no cometió delito alguno, no fue cómplice de los desvíos de fondos que pudieran cometerse ni participó en el montaje de ningún sistema dirigido a promover, proteger o encubrir dichas desviaciones de fondos públicos". Por eso pide abundante documentación a la Junta de Andalucía y al juzgado de Mercedes Alaya. Por ejemplo todas las modificaciones presupuestarias que hubiera entre los años 2000 y 2012.