Carmena y Colau se enfrentan a 40 desahucios al día en Madrid y Cataluña
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca advierte de que el drama de los desalojos continúa
GRA269. BURGOS, 20/05/2015.- La Policía desaloja a uno de los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que han ocupado hoy durante varias horas el patio central de la Delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos para pedir / Santi Otero (EFE)
Madrid
Manuela Carmena, próxima probable alcaldesa de Madrid, y Ada Colau, su homóloga de Barcelona, tendrán que luchar contra una media de 43 desahucios al día en las comunidades que integran a ambas capitales. Es la cifra que manejan los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para cada una de las autonomías, quienes confían en que ambas mandatarias puedan llevar a cabo sus políticas en materia de vivienda a pesar del previsible choque que creen que habrá con el resto de instituciones.
La PAH pone como ejemplo la reciente decisión del Tribunal Constitucional de anular parcialmente el decreto-ley andaluz que pretendía asegurar el uso social de la vivienda expropiando las casas vacías en manos de los bancos. Desde la plataforma critican que se vuelva a poner "el interés económico de la banca por encima de los Derechos Humanos".
Albert Jiménez, portavoz de PAH Sabadell, asegura que "tenemos una gran esperanza en el cambio político, pero tendremos que ver hasta dónde llega la capacidad de actuar de estos movimientos políticos sin la desobediencia a otras instancias del Estado. Yo creo que es lo que va a tener que pasar", prevé.
No obstante, sostiene que "hay cosas que se pueden hacer ya", como que la policía local no participe en desahucios, ni se ejecuten desalojos en las viviendas que dependan del Ayuntamiento y que los bancos pongan en régimen de alquiler social los pisos vacíos.
Su compañera Mercedes Lovera, portavoz de PAH Vallecas, asegura que llevan seis meses manteniendo reuniones con Carmena. Le han trasladado el "compromiso PAH", que siguen todas las plataformas a nivel estatal, y que consiste en un parque de alquiler social de viviendas (echando el freno a la venta de vivienda pública a fondos buitre), penalización a las viviendas vacías y, por supuesto, paralización de los desahucios.
