Tres jueces deciden quién investigará a Rato y a sus empresas
La Audiencia Provincial de Madrid estudiará este lunes si la Audiencia Nacional debe asumir la investigación sobre Rato o debe continuar en los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla. La Fiscalía Anticorrupción se opuso a que el juez Andreu (AN) se encarga de la causa para evitar crear "un procedimiento inmanejable" (junto con las tarjetas Black y la salida a bolsa de la entidad)
Rodrigo Rato, en una fotografía de archivo.
Madrid
Los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid se reúnen a puerta cerrada para deliberar si debe ser la Audiencia Nacional o los Juzgados de Madrid los que asuman la causa que investiga el patrimonio y las empresas del ex vicepresidente económico Rodrigo Rato por cinco delitos contra la Hacienda Pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Los tres jueces no quieren prolongar su resolución y podría estar resuelta esta misma semana.
La Fiscalía Anticorrupción ya se ha pronunciado sobre qué juez es el competente y no creen que sea la Audiencia Nacional ya que en este tribunal tiene abiertas dos causas contra Rato, y una nueva investigación convertiría un sumario ya muy amplio en inmanejable y carente de eficacia". Además, la investigación abierta, aunque coincida en el nombre de Rodrigo Rato, no tiene nada que ver, en principio, con lo que se investiga en la Audiencia Nacional: las presuntas irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de Bankia y el uso por parte de directivos de este banco y de Caja Madrid de tarjetas de crédito opacas al fisco.
Por el contrario, consideran que la instrucción debe seguir en el juzgado número 31 de Madrid, cuyo titular Antonio Serrano-Artal, se inhibió en favor del juez Fernando Andreu.
Según la fiscal encargada, Elena Lorente, deberían aplicarse en este caso "las reglas del sentido común" para no generar "indeseables consecuencias dilatorias". Por que "es obvio que si en un proceso con multitud de imputados, del tipo que se vienen en llamar macro procesos, introdujéramos, además, los eventuales delitos fiscales u otros cometidos también por los imputados, la instrucción del procedimiento devendría inmanejable y, desde luego, carente de la eficacia que debe tener una investigación judicial".
Otra de las cuestiones por las que la Fiscalía no ve la competencia de la Audiencia Nacional es por la cuantía del presunto dinero defraudado ya que "no cabe decir" que la defraudación de la que se acusa a Rato ocasionó una grave repercusión en el tráfico mercantil, la economía nacional o a una generalidad de personas que son algunos de los requisitos que se exige en la Audiencia Nacional para abrir un expediente.
Javier Álvarez
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...
