La justicia anula la orden con la que Cospedal modificó las ayudas de la dependencia en Castilla-La Mancha
La Plataforma que presentó el recurso alegaba que, por esta orden, el Ejecutivo Regional se desentendía de las personas dependientes
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La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. / Chema Moya (EFE)
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Toledo
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado nula de pleno derecho la Orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la misma región que en 2013 modificó las prestaciones de la dependencia. La sentencia, a la que ha tenido acceso la SER, dice que la Orden de 29 de julio de 2013 que establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia es nula. Lo es porque ha estimado el recurso que presentó la Plataforma de Defensa de la Ley de la Dependencia en Castilla-La Mancha aduciendo que se omitió para su aprobación un informe del Consejo Consultivo regional.
Los jueces del Tribunal Superior de Justicia dan la razón a la Plataforma porque dicen que ese informe es preceptivo y que como el decreto no lo incluyó debe ser anulado de pleno derecho. La justicia condena a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a pagar las costas y le da un plazo de 10 días para recurrir en casación.
Respuesta del gobierno
Precisamente, el Gobierno de María Dolores de Cospedal ha emitido un comunicado en el que anuncia un recurso contra esta decisión. Aseguran que la nulidad se produce exclusivamente por una cuestión formal ya que la sentencia no entra en el fondo ni en el contenido de la modificación de las prestaciones. La dirección general de Mayores y Personas con Discapacidad anuncia que el Consejo de Gobierno aprobará hoy jueves un decreto que solventará este defecto de forma para que, apunta el gobierno, las personas en situación de dependencia no pierdan ningún derecho.
Petición de la plataforma
Por su parte, la Plataforma que presentó el recurso, también ha emitido otro comunicado en el que se alegra por esta decisión judicial ya que con esta orden, aseguran en su escrito, el Ejecutivo Regional se desentendía de los grandes dependientes. Ahora, esperan que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal extraiga las consecuencias políticas que procedan en relación con el consejero responsable, José Ignacio Echániz.