El ministro Alonso propone castigar toda la prostitución al contrario de lo que aprobó el PP en el Congreso
El PP ignora el nuevo Plan contra la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual
Madrid
Impulsar la modificación del Código Penal para castigar con penas de cárcel todos los supuestos de explotación sexual y no solo la prostitución coactiva. Esta es una de las 130 medidas que recoge el segundo Plan Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual al que ha tenido acceso la Cadena Ser. Pero lo cierto es que el PP ha ignorado por completo la propuesta del ministerio que dirige Alfonso Alonso.
En el nuevo Código Penal que acaba de aprobar en solitario el PP en el Congreso se establece que tienen que darse alguna de estas dos circunstancias para que haya penas de prisión por proxenetismo: o bien que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad o bien que se le impongan condiciones gravosas. Así que el ministro Alonso está lanzando un plan y una de sus medidas más llamativas queda desautorizada por su partido.
"No se puede hacer este plan contra la trata de mujeres y a la vez aprobar un Código Penal que lo que hace es fomentar y legalizar el proxenetismo. Esto es un caos, un descontrol y una temeridad por parte del Gobierno y del partido que lo sustenta, el PP" señala asombrada la diputada del PSOE Ángeles Álvarez.
El documento, con una vigencia de tres años 2015-2018, recoge también la atención especializada a víctimas menores de edad, una demanda de las ONG ante el aumento de chicas jóvenes captadas y obligadas por las redes a prostituirse. Y para mejorar la detección de la trata, el plan cree necesario la especialización de los profesionales de los centros de estancia de los inmigrantes.
Los últimos datos recogidos en el plan señalan que el número de mujeres en situación de prostitución en España ronda las 45.000. El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado detectó en 2013 a más de 13 mil mujeres en riesgo de trata de seres humanos y de explotación sexual. La mayoría de entre 28 y 32 años, de nacionalidad rumana, en situación regular y con plaza en los clubes de alterne. Más del uno por ciento son menores de edad. Las fuerzas de Seguridad del Estado identificaron en 2013 como víctimas a mil ciento ochenta mujeres.
