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El Supremo pide regular los viajes de políticos tras archivar la querella contra Monago

El alto tribunal considera que los hechos denunciados por la Asociación Pro Justicia Siglo XXI, basados en informaciones periodísticas, no son constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos.El Supremo añade que el reglamento de Las Cortes autoriza el pago con cargo al presupuesto.

GRA005. MÉRIDA, 19/03/2015.- El presidente extremeño, José Antonio Monago, durante su comparecencia hoy a petición propia ante el Parlamento regional para informar del grado de cumplimiento del programa de Gobierno con el que el PP se presentó a las elecc / Jero Morales (EFE)

GRA005. MÉRIDA, 19/03/2015.- El presidente extremeño, José Antonio Monago, durante su comparecencia hoy a petición propia ante el Parlamento regional para informar del grado de cumplimiento del programa de Gobierno con el que el PP se presentó a las elecc

Madrid

La querella que había presentado la Asociación Pro Justicia Siglo XXI, que dirige el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, ha quedado archivada al considerar que la propia normativa de las cámaras permite que esos gastos se abonen con el dinero de los presupuestos parlamentarios.

Dice el Supremo que procede "la inadmisión a trámite de la querella por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno", dado que el Reglamento del Senado "autoriza el pago con cargo al presupuesto de la Cámara de los gastos de viaje realizados de acuerdo con las normas que la Mesa en cada momento establezca".

Sin embargo, el Alto Tribunal da un toque de atención al Parlamento al señalar que "resultaría conveniente una regulación suficientemente precisa en esta materia, para evitar cualquier duda en el ámbito de la opinión pública acerca del empleo correcto de los fondos públicos en los viajes realizados por los parlamentarios".

En su auto de archivo el Supremo también sugiere que si las cosas se hacen bien se evitaría “toda confusión entre viajes destinados al cumplimiento de sus funciones oficiales y desplazamientos privados, dado que la confianza de los ciudadanos en el buen funcionamiento del sistema de representación política constituye la base del Estado de Derecho”.

 
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