La justicia investiga la amnistía fiscal de la lista Falciani
La Audiencia de Madrid ordena realizar una investigación penal por un delito de prevaricación contra los técnicos de Hacienda que firmaron la amnistía de evasores fiscales descubiertos a través de la lista Falciani
(FILES) -- A file picture taken on July 2, 2013 shows French former employee of HSBC Private Bank Herve Falciani looking on during his hearing at the National Assembly in Paris. A cache of secret bank files shows that HSBC's Swiss banking arm helped wealt / KENZO TRIBOUILLARD (AFP)
La iniciativa que la Agencia tributaria puso en marcha en mayo de 2010 permitió regularizar fiscalmente el dinero que centenares de evasores tenían oculto en el HSBC de Suiza y evitó la correspondiente sanción que podría suponer varios años de carcel para los infractores además de un multa millonaria.
Los magistrados dan la razón al Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) y obligan al Juzgado de Instrucción 37 de Madrid a que prosiga el proceso contra María Dolores Bustamante, exdirectora de Gestión Tributaria, y Carlos Cervantes, exdirector de Inspección, a los que ese colectivo acusaba de prevaricación administrativa.
La Audiencia de Madrid ordena que la denuncia de los sindicatos de Hacienda debe ser investigada para esclarecer porque se permitió la amnistía fiscal de los que tenían cuentas ocultas en un banco suizo en lugar de abrir una investigación fiscal como se hace habitualmente.
La justicia había archivado el caso pero la Audiencia de Madrid ordena su reapertura para que se investigue por un presunto delito de Prevaricación a los tres delegados regionales de la agencia tributaria que enviaron la carta de amnistía fiscal a los que tenían dinero en Suiza.
Los jueces de la Audiencia señalan que "la querella es por supuesto delito de prevaricación administrativa basado en que la AEAT, cuando conoció que destacadas personas de distintos ámbitos tenían cuentas con elevados fondos en el banco HSBC de Suiza, optó por enviarles un requerimiento de cumplimiento de obligaciones formales para que en el plazo de 10 días hábiles presentasen declaraciones complementarias por el IRPF y, en su caso, por el impuesto de patrimonio, permitiendo de esta manera que sus posibles delitos fiscales no pudieran ser punibles por la excusa absolutoria del art. 305.4 CP, en vez de abrir el correspondiente procedimiento de comprobación e investigación (ya fuera un procedimiento inspector o de gestión), conforme a las instrucciones y pautas de actuación de la AEAT, en el cual si la administración entendiese que existían indicios de delito deberían ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o de la autoridad judicial".
El caso se reabre, por tanto, y el juez tendrá que realizar comprobaciones, pedir informes técnicos además de interrogar como imputados a los empleados de Hacienda.
Javier Álvarez
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...
