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La prisión permanente revisable, principal escollo del Pacto Antiterrorista

PP y PSOE acercan posturas en el texto aunque los socialistas consideran que esa medida es una línea roja y el Gobierno señala que no dará marcha atrás en su regulación en el Código Penal

El mensaje "Nosotros somos Charlie' en el edificio del Instituto árabe de París. / CHARLES PLATIAU (Reuters)

El mensaje "Nosotros somos Charlie' en el edificio del Instituto árabe de París.

Madrid

PP y PSOE han dado un paso más a la hora de sellar un Pacto para combatir el terrorismo yihadista. El Gobierno ha celebrado este jueves una ronda con los grupos parlamentarios del PSOE, PNV, CIU y UPyD a los que ha entregado un primer borrador que, a juicio del socialista José Enrique Serrano, interlocutor del PSOE en la negociación, “supone un avance aunque todavía resulta insuficiente”. Entre los puntos más polémicos para sellar un acuerdo definitivo figura la prisión permanente revisable, que el PP aprobó ayer en solitario en la reforma del Código Penal con el rechazo de toda la oposición. “La prisión permanente para nosotros no es un tema menor, es frontal, una línea roja”, ha señalado Serrano.

Sin embargo, fuentes socialistas han admitido a la SER que ese escollo podría salvarse si finalmente el texto de la proposición de ley que daría cobertura legal a ese Pacto no incluyera expresamente esa nueva figura penal, que el PP va a mantener a toda costa en la reforma del Código Penal.

Preguntado por esta cuestión, el secretario de Estado de Seguridad ha confirmado que “la prisión permanente revisable es una cuestión que no está sobre la mesa, porque se trata de un compromiso del Gobierno y del PP, y no tendría sentido que la reforma del Código Penal la mantuviera para otro tipo de delitos y sin embargo quedara excluida para los delitos de terrorismo que son los más atroces”. En ese sentido Martínez ha señalado que el Pacto antiterrorista no puede suponer una enmienda a otro texto legislativo cuya tramitación parlamentaria discurre paralela a ésta, si bien ha señalado la voluntad del Gobierno de mantener la mano tendida al diálogo y al consenso hasta el final.

Martínez: 'La nueva legislación no va a afectar a la prisión permanente no revisable'

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Entre los aspectos abiertos a cambios o a una mejor definición figura el castigo penal por la consulta habitual de páginas web vinculadas a grupos terroristas. Se trabaja en la idea de acotar mejor lo que estaría penado a fin de evitar que pudiera ser acusado de terrorismo alguien que realizara esas consultas no con fines terroristas sino por motivos académicos o de investigación. Igualmente se sigue trabajando en la lista de delitos que entrarían en la definición de terrorismo y que, a fecha de hoy, el PSOE considera excesivamente elástica.

Por su parte los grupos nacionalistas CIU y PNV han mostrado sus reservas, a la espera de estudiar con detenimiento el borrador presentado inicialmente y han advertido que este Pacto no puede plantearse como una mera adhesión sino que debe incluir reciprocidad, asumiendo aportaciones del resto de partidos, entre ellas las que reclaman la inclusión de las policías autonómicas en nivel de igualdad con las Fuerzas de Seguridad del Estado a la hora de combatir el terrorismo yihadista.

Por su parte, Rosa Díez, de UPyD, ha señalado que acude a la negociación con ánimo constructivo pese a su malestar por las formas en las que PP y PSOE han cocinado el inicio del Pacto. Díez ha pedido que cualquier modificación legal se promueva también a nivel europeo porque la lucha contra el terrorismo “no conoce fronteras” y ha exigido un incremento de la dotación presupuestaria, para mejorar y aumentar los medios humanos y materiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El grupo de la Izquierda Plural no ha participado en la ronda de contactos realizada hoy por problemas de agenda, que han obligado a posponer esa reunión a la próxima semana.

Fuentes del Gobierno y del PP mantienen la intención de que la próxima semana se pueda alcanzar un texto definitivo tras una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios de modo que la proposición de ley pueda aprobarse en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones, el próximo 10 de febrero.

 
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