El Tribunal de Cuentas critica los procedimientos de contratación de servicios de la Seguridad Social
Considera que muchos de los contratos no están suficientemente justificados, ni acompañados de memoria económica, y que se incurre en una “excesiva dependencia” de empresas informáticas
La sede del Tribunal de Cuentas, en la madrileña calle de Fuencarral
Madrid
Nuevo informe del Tribunal de Cuentas duro con el ministerio de Empleo. Si este lunes criticaba la gestión del FOGASA, este martes se ha centrado en los contratos de servicios (fundamentalmente, informática, limpieza y seguridad) firmados por las entidades dependientes de la Seguridad Social con empresas privadas en 2011 y 2012. Y la conclusión es que los procedimientos seguidos están mal justificados e incurren en numerosas deficiencias.
El texto subraya que, muchas veces, no se explica bien por qué se recurre a un contrato con una empresa externa en vez de desempeñar las tareas con los medios de la administración: “la necesidad de contratar se justifica mediante informes de contenido excesivamente genérico […] sin concretar con la precisión suficiente la ‘naturaleza y extensión de la necesidad’ que pretende cubrirse con el contrato proyectado”.
Dentro del capítulo de falta de justificación, el Tribunal también cuestiona que, al preparar el contrato no haya “una memoria o un documento de carácter económico o algún tipo de estimación o estudio comparativo de mercado –previo a la contratación- que justifique por qué se ha fijado un presupuesto determinado, y no otro mayor o menor”. De hecho, subraya el Tribunal que han comprobado que “en algunos expedientes, se ha incrementado el importe del presupuesto de licitación con respecto al de adjudicación del contrato inmediatamente anterior dándose la circunstancia de que las características de las prestaciones […] son idénticas o muy similares a las exigidas en los contratos inmediatamente anteriores”.
El Tribunal de Cuentas hace hincapié en la contratación de servicios informáticos, que muchas veces se hacen directamente con una empresa “por ser la única autorizada por el fabricante para el mantenimiento de determinados productos software”. Para el órgano de control, esto evidencia “una excesiva dependencia tecnológica en la contratación de contenido informático”. Este tipo de contratos se hacen muchas veces además sin negociar, lo que “desnaturaliza este tipo de procedimiento de adjudicación”.
Además, el Tribunal ha detectado otras “deficiencias” que van desde que los criterios de adjudicación no tengan relación con el objeto del contrato hasta una falta de claridad en cómo se van a valorar los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor, pasando por unas exigencias a las empresas a veces muy superiores a lo que el contrato merita, “lo que limitó la participación en el procedimiento de empresas de menor dimensión económica, en perjuicio del principio de concurrencia”.
El informe concluye recomendando a la Seguridad Social que tome medidas para paliar todas estas carencias e irregularidades.
