La DGT quiere poner un límite a la velocidad máxima de los peatones

Madrid

El Consejo de Estado pide al Gobierno que reconsidere de principio a fin el nuevo Reglamento General de Circulación. Considera que el proyecto no puede entrar en vigor tal y como está planteado porque no tiene el apoyo de los distintos ministerios implicados. Ni siquiera tiene el respaldo del Ministerio de Interior, del que depende la DGT. El informe que ha realizado la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior "no es favorable a aprobación de la norma proyectada y otro tanto se puede decir del Ministerio de Fomento".

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El más beligerante con la norma es del de Fomento, que se muestra contrario -entre otras cuestiones- a la subida de la velocidad a 130 km/h en las autovías y autopistas. Dice que esta opción "disminuye la conciencia de riesgo de los conductores e incrementará el número de accidentes". Fomento señala que las autovías y autopistas se han construido para circular a 120 km/h y añade que la "sociedad española no reclama esta medida". Tampoco es partidario el ministerio que dirige Ana Pastor de bajar la velocidad a 90 en las carreteras convencionales. "Hará suponer a los usuarios que puede latir en la medida una finalidad recaudatoria", señala Fomento, que reprocha a la DGT que buena parte de sus propuestas son competencia de este departamento así como el coste económico que supondrá el cambio de señalización en los 85.000 kilómetros de carreteras, coste que no se ha cuantificado.

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El Consejo de Estado advierte de que la vida de las ciudades se verá ralentizada con la reducción del límite a 30 km/h y alerta de que puede provocar el "colapso de las ciudades". El máximo órgano consultivo afirma que esta modificación no es posible porque "no tiene respaldo legal" , invade las competencias de los ayuntamientos y seria motivó de impugnación por parte de los municipios.

Sobre el nuevo uso de la bicicleta, el Consejo de Estado pide que o bien que "se suprima todo el capítulo o bien sea reconsiderado en su conjunto" para ser sometido a una nueva reflexión.  El dictamen no comparte la idea de que las bicicletas puedan circular por la acera con los peatones y recuerda en este sentido varias sentencias del Tribunal Supremo. Además, hace otra consideraciones, como el hecho de que las bicicletas no están sujetas a seguro obligatorio, de modo que "los atropellos de peatones en aceras más que previsibles quedarán a cargo del erario público". También cuestiona que el reglamento "permite a los ciclistas utilizar el arcén de las autovías de forma habitual" mientras esta posibilidad está vedada para los ciclomotores.

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En resumen, el Consejo de Estado considera que no es un texto meditado, que no hay un mínimo consenso, que invade competencias de los ayuntamientos que garantizan la Constitución y que ahora mismo es inviable el modelo sostenible propuesto de abandonar el automóvil y fomentar el uso de la bicicleta: "Es anómalo someter a consulta una propuesta no compartida, ya no por los demás departamentos ministeriales, sino también por buena parte del ministerio proponente en el que algunas unidades se manifiestan claramente contrarios a las propuestas".

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Pero además hay fragmentos del informe del Consejo de Estado que no tienen desperdicio porque considera que algunas de las propuestas raya el ridículo. Por ejemplo, hay un nuevo apartado del reglamento que el dictamen califica sarcásticamente de innovador, es el artículo 48.5: "Los vehículos en los que su conductor circule a pie no sobrepasarán la velocidad del paso humano y los animales que arrastren un vehículo, la del trote". El Consejo de Estado no se toma en serio este precepto. Pide que se suprima porque "quien circula a pie es peatón, de manera que mal puede ser un conductor, pero en todo caso quien circula a pie siempre se mueve a velocidad de su propio paso". Objeta además con ironía que la medida "podría suponer la prohibición de correr, un deporte muy extendido en estos tiempos". 

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Tampoco entiende que los peatones se vean obligados a someterse a una prueba de alcohol o drogas en el caso de infringir una norma "como cruzar indebidamente una calle" o verse implicados "directa o indirectamente" en un accidente. El Consejo de Estado considera esta propuesta "insostenible" y alerta de que puede vulnerar derechos fundamentales como los derechos a la libertad y seguridad; a circular libremente por el estado español y a la intimidad personal. Y en tono más jocoso señala el dictamen que se puede "llegar a multar a un paseante después de haber tomado una copa de vino". Y en lo que se refiere a las drogas, no hay en la norma precisión alguna de lo que debe entenderse como tal. El concepto de droga que maneja el Reglamento es tan amplio que abarca desde la heroína hasta la codeína, que es la base del jarabe para la tos.

El dictamen, que no es vinculante, llama la atención también a la DGT porque ha calculado muy mal el coste de obligar a los conductores de ciclomotores con casco homologado y no certificado como hasta ahora. La memoria de impacto calcula que más de dos millones de usuarios tendrán que comprar un casco homologado y señala que el precio es de unos 20 euros, por lo que la cifra total es de más de ocho millones de euros. Dice el Consejo de Estado que no es posible encontrar un casco homologado a 20 euros porque su coste oscila entre los 70 y 900 euros. El organismo pide también reconsiderar esta medida teniendo en cuenta que el ciclomotor lo usan jóvenes de escaso poder adquisitivo y que el sector tiene una gran importancia económica en España.

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