La empresa pública Defex puede ser acusada de corrupción
La Audiencia Nacional avala el criterio de Anticorrupción en contra de la Abogacía del Estado y concluye que esta sociedad dependiente de la SEPI puede ser responsable penal del fraude de 152.9 millones en la venta de armamento a Angola
Madrid
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de apelación presentado contra la querella de la Fiscalía Anticorrupción, que pretende actuar contra la empresa pública comercializadora de armamento Defex, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en el supuesto fraude cometido con un contrato de equipamiento policial a Angola de 152.9 millones de euros.
La Abogacía del Estado y la sociedad pública entendían que la acción penal sólo podía dirigirse contra la empresa privada Cueto, que concurrió en UTE junto a Defex al contrato en el país africano, pero la Audiencia Nacional les quita la razón y se la da a la Fiscalía Anticorrupción, porque Defex se “apartó de su interés público y económico general” al desarrollar, supuestamente, “una operación económica fraudulenta para generar un enriquecimiento ilícito de sus intervinientes” en la que la empresa pública fue “una pantalla para favorecer la comisión” de delitos y la “impunidad de los mismos”.
Los hechos se investigan en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige Pablo Ruz. Se trata de un contrato, firmado en 2008, para el abastecimiento a Angola de “vehículos blindados, antidisturbios, lanzaagua, de carga, equipamiento personal de antidisturbios, de comunicación, equipamiento de criminalística, y efectos para Policía de Guardia de Frontera” por un total de 152.991.438,70 euros.
Esa suma fue “pagada en su totalidad” por la República de Angola a la UTE Defex-Cueto, pero solo se destinó al país africano “una tercera parte del material” contratado, con lo que alrededor de “100.000.000 de euros fueron destinados al enriquecimiento ilícito” y “transferidos a cuentas corrientes en distintos países” en las que los implicados “figuraban como titulares de sociedades pantalla o instrumentales”.
Hay varios imputados en la causa, entre ellos José Ignacio Encinas Charro, presidente de Defex hasta junio de 2012, que se habría servido de sus contactos durante más de 20 años en la empresa pública para realizar estos negocios.
También Enrique Gómez Cuesta y Manuel Iglesias-Sarrià, que en 2013 fueron renovados como director financiero y apoderado respectivamente en DEFEX. Además, hay otros exrepresentantes de la empresa distribuidora de armamento como Angel María Larrumbe o el representante de Comercial Cueto SL, Juan Carlos Cueto. También fue detenida en Luxemburgo la sobrina del espía Francisco Paesa, Beatriz García Paesa, quien habría diseñado la estructura empresarial para ocultar el beneficio.
