El juez Ruz ordena la apertura de juicio oral contra dos exdirectivos de Caja Castilla- La Mancha
Les pide una fianza civil solidaria de 138.200.000 euros que tendrán que depositar en 10 días
El expresidente de Caja Castilla La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, en una imagen de archivo / EFE
Madrid
Acusa al expresidente Juan Pedro Hernández Moltó y al exdirector general, Ildefonso Ortega, de delitos de falsedad de cuentas y administración desleal y también les pide una fianza civil solidaria de 138.200.000 euros que tendrán que depositar en 10 días
En su escrito, el juez va más allá que la Fiscalía Anticorrupción y atribuye a los supuestos responsables la comisión de dos delitos. Los acusados se enfrentan a penas que van desde los 2 años y medio de cárcel para cada uno que reclama el Ministerio Público, a los cinco y medio de la acusación popular ADICAE.
El juez Ruz considera que Hernández Moltó e Ildefonso Ortega son responsables de la concesión de una serie de operaciones de crédito a empresas, fundamentalmente constructoras, con una "notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación", con un "manifiesto incumplimiento de los estándares normales para la concesión de riesgos", lo que derivó en un "perjuicio económico" para la caja cifrado en 253 millones de euros, parta una entidad que precisó un rescate de 9.000 millones
Además, supuestamente, los directivos falsificaron las cuentas en 2008, declarando beneficios cuando debieron reflejar pérdidas y ocultaron este estado financiero a la Confederación Estatal de Cajas de Ahorros.
No obstante, no se lucraron con la concesión ventajosa de créditos a las empresas. El juez dice que las diligencias practicadas "en ningún momento han revelado connivencia con los prestatarios para la concesión irregular de los préstamos", y "ningún directivo ha recibido compensación económica alguna" por los supuestos tratos de favor.
Anticorrupción solo pidió en su escrito dos años y medio de cárcel para los dos procesados, al acusarles únicamente de falsear las cuentas, y tampoco exigió fianzas de responsabilidad civil. El juez reclama una fianza civil de 138.200.000 euros que tendrán que depositar en 10 días.
