Los jueces consideran una medida "desproporcionada" la retirada de las urnas
Los jueces de guardia de varias localidades catalanas, como Barcelona, Tarragona, Badalona y Mollet del Vallè (Barcelona), han rechazado la retirada de las urnas de votación del 9-N, considerando que sería una medida desproporcionada
Un ciudadano, vestido con la camiseta del Real Madrid, deposita su papeleta en el Institut Montserrat de Barcelona / Marta Pérez (EFE)
Barcelona
El juez de guardia de Barcelona ha rechazado la petición de dos partidos políticos -UPyD y Plataforma per Catalunya- de retirar las urnas de los puntos de participación del 9-N y de cerrar los locales.
El magistrado Gonzalo de Dios Hoyo, que está este domingo como juez de guardia, respalda el informe de la Fiscalía y concluye que las medidas que solicitan los denunciantes "no guardan proporcionalidad" y añade que "no aparecen en este momento razones de urgencia o relativas al orden público que aconsejen su adopción".
Sin embargo, el magistrado admite a trámite las denuncias y añade que el hecho de que no se tomen medidas cautelares para paralizar la votación no va en perjuicio de investigar las posibles actuaciones de relevancia penal.
El juez resalta también en este auto de 12 páginas que "debe quedar claramente diferenciado las conductas de trascendencia penal desde el punto de vista de las personas responsables de los delitos que se hubieran cometido, de lo que es el hecho en si mismo de la expresión de voluntad popular, del derecho de reunión y de manifestación y de la libre expresión del sentimiento u opinión de los ciudadanos".
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En definitiva, el magistrado cree que "el sustrato político" que late bajo estos hechos "no corresponde solucionarlo a los tribunales de la jurisdicción penal ordinaria y menos por la vía de urgencia".
El auto distingue entre los organizadores y los ciudadanos que participan en la votación. “El acto en sí mismo considerado de la votación, participación ciudadana o como quiera denominarse a los actos de canalización de la voluntad popular” no suponen delito alguno. “La cuestión de fondo que se plantea es de competencia exclusiva del Constitucional”. Es el órgano al que corresponde determinar si “las normas legales se ajustan o no al texto constitucional”. Y ese tribunal, recuerda, no ha solicitado ningún auxilio jurisdiccional para adoptar alguna medida. Por ese motivo, concluye, “no parece proporcional que deban ser acordadas de urgencia y a solicitud de particulares, aun cuando ostenten cargo público”.
Un ciudadano, con barretina, deposita su papeleta en el Instituto Lluís de Peguera de Manresa (Barcelona) / Susanna Sáez
Un ciudadano, con barretina, deposita su papeleta en el Instituto Lluís de Peguera de Manresa (Barcelona) / Susanna Sáez
En el juzgado de guardia de Tarragona han llegado dos denuncias particulares más. En este caso, el juez, tras dar traslado a la fiscalía, ha ordenado a los Mossos d'Esquadra que identifiquen los locales públicos donde se está produciendo la votación y a las personas que han autorizado la realización del proceso.
Una de las demandas pedía que se retiraran las urnas pero el juez no ha aceptado esta medida cautelar. Por su parte, los Mossos d'Esquadra han remitido a la Fiscalía Superior de Catalunya el listado de los locales públicos donde se está votando. El Conseller de Interior, Ramón Espadaler ha dicho también tras votar en Sant Quirze de Besora que "los Mossos siguen trabajando para cumplir el resto de requerimientos de la Fiscalía".
El juzgado de guardia de Badalona ha recibido también la denuncia de un particular y el juez tampoco ha aceptado la adopción de medidas cautalares para impedir la votación. El magistrado, Ramón González García recuerda que no ha habido ningún problema de orden público en el partido judicial de Badalona en el momento de dictar la resolución.
