El Congreso cierra el aforamiento del rey Juan Carlos sólo con el apoyo del PP

El pleno del Congreso ha aprobado la reforma legislativa para extender el aforamiento al rey Juan Carlos, la Reina Letizia, La Reina Sofía y la Princesa de Asturias, un texto que sólo ha contado con los votos del grupo mayoritario, el PP, y de los dos diputados de Foro Asturias y UPN. El principal partido de la oposición, el PSOE, se ha abstenido, al igual que CiU y Coalición Canaria, mientras que se han opuesto a esta reforma la Izquierda Plural, UPyD, el PNV y buena parte del Grupo Mixto -Amaiur, ERC, BNG, Compromís, Nueva Canarias y Geroa Bai-.

Desde los grupos minoritarios se han escuchado críticas por la forma en que se está tramitando el aforamiento del rey: en tres semanas y sin dialogar con los grupos. "No solo fuerzan tiempos si no que la propia iniciativa viene de tapadillo. Están utilizando todas las artes de la hurtadilla parlamentaria para aforar a un ciudadano", ha dicho Uxue Barkos, diputada de Geroa Bai. "Están convirtiendo el Parlamento en un lugar decorativo, en un florero", ha dicho Joan Baldoví, diputado de Compromís.

Por su parte la diputada de Amaiur Onintze Enbeita ha asegurado que será un placer poder decir a España "agur a sus imposiciones, a sus banderas, a sus casas reales, a sus aforados y demás aforrados". Amaiur defiende la eliminación de todos los aforamientos por entender que son "fuente de desigualdad, que protegen a prevaricadores, ladrones e influyentes" y que, por el contrario, "no dan cuenta del dinero que han ganado a costa de los demás". La diputada de Amaiur ha criticado que Juan Carlos I tenga "una de las mayores fortunas", mientras nos hicieron creer que su padre, don Juan, estaba "arruinado".

El Pleno del Congreso ha aprobado así la reforma de la Ley del Poder Judicial que otorga aforamiento al rey Juan Carlos y parte de la familia real, proyecto que se remitirá al Senado para su aprobación definitiva en la segunda semana de julio y su inmediata entrada en el vigor.

El proyecto original es una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para adaptar a los trabajadores públicos de la Justicia las medidas de la reciente ley de racionalización del sector público (días de asuntos propios, pruebas selectivas y jubilación, entre otros asuntos), pero ese texto fue el elegido por el PP para introducir dos enmiendas que garantizarán protección jurídica a don Juan Carlos tras su abdicación. Los 'populares' alegan que es precisamente la LOPJ la que regula el régimen general de aforamiento.

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Por lo civil y lo penal

En concreto, una de las enmiendas establece que pasarán a considerarse aforados, tanto por la vía civil como por la penal, los Reyes que abdican (ahora don Juan Carlos), sus consortes (doña Sofía), los consortes del Rey (la Reina Letizia) y los príncipes de Asturias (de momento doña Leonor y su futuro cónyuge).

Los citados miembros de la familia real pasarán a ser aforados como los miembros del Gobierno y los diputados y senadores, cuya protección está 'blindada' en la Constitución de 1978 aunque con el matiz de que, en lo relativo a la jurisdicción civil, está ligada a la permanencia en el cargo.

Además, a través de una segunda enmienda se incluye una disposición transitoria para que, en el caso de que algún tribunal esté tramitando alguna causa contra los nuevos aforados 'reales' cuando la ley entre en vigor, éstas sean suspendidas y remitidas al Tribunal Supremo.

El texto y las enmiendas pasaron este martes por la Comisión de Justicia donde fueron aprobados con el único voto del PP frente al rechazo de Izquierda Plural y UPyD, y la abstención de socialistas y nacionalistas catalanes.

Abstención de PSOE y CiU

En el Pleno del Congreso no ha habido una votación específica del aforamiento del rey, sino una global, de conjunto, en la que el PP ha sumado a los dos partidos cofirmantes de sus enmiendas (Foro Asturias y su socio electoral de UPN), mientras que al menos Izquierda Plural, UPyD, PNV, ERC, BNG, Nueva Canarias y Compromís-Equo votarán en contra. PSOE y CiU se reiterarán en la abstención.

Una vez aprobada por el Congreso, la reforma se enviará al Senado, que tiene intención de tratar este asunto en su sesión plenaria de la segunda semana de julio. Y una vez que tenga la luz verde de las Cortes, en los días siguientes pasará al BOE para su publicación y entrada en vigor.