176 asociaciones piden a la vicepresidenta la retirada de la reforma del aborto

Casi 200 asociaciones sociales, médicas y ONG firman un escrito remitido a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría pidiendo la retirada del anteproyecto que elimina el derecho al aborto y que nos hace retroceder 30 años. En la larga lista figuran desde Amnistía Internacional pasando por numerosos colectivos feministas hasta organizaciones de profesionales sanitarios.

En el documento solicitan la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada al considerar que no respeta las obligaciones que el Estado tiene contraídas en materia de derechos humanos.

Las organizaciones denuncian que esta reforma provocará "múltiples" vulneraciones del derecho a la salud, a la vida y a la información de las mujeres y niñas "afectando de manera desproporcionada" a las que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, entre ellas las jóvenes y las inmigrantes. Señalan que la norma limitará el derecho de las mujeres a tomas decisiones "libres e informadas, cuestionando su capacidad de decisión y restringiendo su autonomía".

Estos colectivos alertan además de las disposiciones penales que tendrán un "impacto negativo" en el trabajo de los profesionales sanitarios. Dicen que "creará un clima de miedo que podría llevar al personal médico a rechazar casos y no poder informar adecuadamente a las mujeres". La carta afirma que "pone bajo cuestión el juicio médico de los profesionales y limita su capacidad de proveer información, consejo y servicios médicos a sus pacientes".

También indican que "diversos mecanismos" de Naciones Unidas y el Consejo de Europa han recordado que las leyes restrictivas de acceso al aborto no consiguen reducir el número de interrupciones voluntarias del embarazo, sino que incrementan los abortos ilegales e inseguros y contribuyen a la mortalidad materna. Por último, le informan a la vicepresidenta de que las últimas recomendaciones de Naciones Unidas a través del Comité de derechos económicos, sociales y culturales instan al Gobierno español a garantizar la plena aplicación de la actual ley de plazos que reconoce el aborto libre en las primeras catorce semanas de gestación.

Únete al canal de WhatsApp de la SER