Sindicatos y empresarios plantean un modelo de formación que conserve su protagonismo
UGT, CCOO, CEOE y CEPYME pactan un borrador que da a las empresas la llave de la formación y sitúa al sistema bajo el control sindical y patronal
El Gobierno quiere reformar la formación quitando poder a patronal y sindicatos, y estos responden con una propuesta conjunta de máximos para reforzar su poder en el sistema.
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CCOO, UGT, CEOE y CEPYME han hecho llegar al Ministerio de Empleo una contrapropuesta al borrador que el departamento que dirige Fátima Báñez les remitió hace un mes. Y allí donde el texto gubernamental proponía más poder para la administración y más protagonismo para las empresas privadas de formación a expensas de los agentes sociales, los sindicatos y las patronales plantean un sistema en el que la llave de la formación queda en las empresas individualmente consideradas, que podrían gastar los recursos de formación de sus empleados como ellas quisiesen (consultando con los representantes de los trabajadores), mientras que el resto de los recursos formativos se encauzarían mediante un sistema de entidades coparticipadas por patronales y sindicatos. Las posiciones parecen por tanto muy separadas, y el tiempo corre; según el plan del Gobierno, el nuevo modelo de formación debería estar listo antes de final de mes.
El texto pactado por patronal y sindicatos parte de la idea -repetida en las últimas semanas por la CEOE- de que las empresas pagan el grueso de la formación vía cuotas a la Seguridad Social, y por eso deberían ser ellas quienes la gestionasen. Así, el texto plantea que las propias empresas han de ser "las que decidan la formación a realizar en función de sus necesidades estratégicas"; eso sí, "con derecho a información, participación y consulta de la Representación Legal de los Trabajadores". Esto se articularía mediante "un 'crédito-formación' [...] que les retornaría el 100% de lo cotizado en el ejercicio anterior, habiéndose de garantizar un importe mínimo para las micropymes". Es decir, lo que las empresas aportan en concepto de formación han de poder gastárselo ellas en la formación que elijan, bien "con medios propios" bien "por Centros de Formación" acreditados; las pequeñas empresas podrán agruparse para juntar recursos y dar formación conjuntamente.
Lo que las empresas no se gastasen se acumularía en un "fondo global de formación" que se gestionaría "de forma mutualizada por entidades bipartitas constituidas por los interlocutores sociales" en tres niveles distintos: estatal, territorial y sectorial. Es decir, entidades participadas exclusivamente por sindicatos y patronales que detectarían las necesidades de formación, elaborarían anualmente un Plan de Formación en función de esas necesidades, y se ocuparían de la gestión de los recursos. Los cursos en sí los podrían impartir los centros debidamente acreditados, bien los de las empresas privadas de formación, bien los que ya tienen sindicatos y patronales.
Todos estos recursos (unos 1.900 millones al año, que son los que salen de las cuotas de formación que pagan empresas y trabajadores) iría por tanto para formar a trabajadores ocupados; la formación de los parados se la encomiendan los agentes sociales a las administraciones y al Fondo Social Europeo.
Ideas contrarias a las del Gobierno
El borrador que han presentado a Empleo los agentes sociales va en contra de la propuesta que les hizo llegar el Gobierno a comienzos de marzo, que pasaba por dar entrada en la planificación a Comunidades Autónomas y empresas privadas de formación y, sobre todo, quitar el protagonismo de la gestión e impartición de los cursos a sindicatos y empresarios y dárselo a las empresas privadas de formación. El texto de UGT, CCOO, CEOE y CEPYME relega a las empresas privadas de formación a un papel similar al que tienen ahora (competir contra los centros de los sindicatos y de las patronales para tratar de obtener la impartición de los cursos), y dejaría el timón político del sistema firmemente en manos de patronal y sindicatos. El papel de la Administración sería el de ejercer supervisión y control y participar en las grandes agencias que diseñarían las líneas maestras del sistema.
Fuentes de los agentes sociales reconocen que el suyo es un texto de máximos, que busca forzar al Gobierno a suavizar su posición, y que están abiertos al diálogo y a la negociación. Consideran que la iniciativa en materia de reforma de la formación la estaba teniendo hasta ahora el Ejecutivo, y esperan que con su texto (formando además un frente común) puedan lograr un terreno de diálogo más propicio a sus intereses.
Con uno y otro texto, se espera para los próximos días una contrapropuesta del Gobierno. Las posiciones parecen muy separadas, así que habrá que ver cómo se las ingenia el Ejecutivo para cumplir el calendario de reforma que se fijó a sí mismo (tener un acuerdo listo a finales de abril) y a la vez dar satisfacción a sindicatos y patronales, a los que se prometió una nueva etapa de diálogo social en la reunión que celebraron Rajoy y los líderes de CCOO, UGT, CEOE y CEPYME en La Moncloa el pasado 18 de marzo a instancias del Presidente del Gobierno.
