"Madrid jamás nos ha llamado para que anduviéramos con cuidado"

Los tres peritos de la Agencia Tributaria que han investigado el fraude del Instituto Nóos tuvieron que responder una y otra vez a preguntas, fundamentalmente del fiscal, sobre si habían recibido o no presiones de sus superiores para dejar fuera de las pesquisas a Cristina de Borbón. Siempre contestaron que no. El resultado de la documentación que obraba en su poder y su criterio profesional les llevó a excluirla de las diligencias de investigación porque no tenía ningún poder en la empresa Aizoon, que comparte al 50% con Iñaki Urdangarin, y que recibió casi 1,5 millones de dinero público procedente del Instituto Nóos.

Los peritos de la Agencia Tributaria explicaron en su declaración que abrieron una inspección fiscal a Iñaki Urdangarin, Diego Torres y las empresas del entramado que investiga el juez, José Castro, antes de que comenzara la investigación judicial. Desde el primer momento supieron que Cristina de Borbón era copropietaria de una de esas empresas, Aizóon. A pesar de las muchas preguntas en el mismo sentido, los tres negaron presiones de sus superiores o dificultades para acceder a cualquier dato de la hija de las reyes. "¿Les han llamado desde Madrid para decirles que fueran con cuidado porque estaba Cristina de Borbón?", llega a preguntar el fiscal. "Jamás", responden los funcionarios.

La infanta Cristina nunca estuvo dentro de esa inspección fiscal porque "no constaba como autorizada en las cuentas de Aizóon, no constaba como administradora, no había participado en movimientos de billetes de 500 euros y no percibía sueldo de trabajo ni dividendo alguno". Los peritos reconocen que sin la existencia de esta sociedad matrimonial, el duque de Palma nunca hubiera podido cometer delito fiscal pero subrayan, sin embargo, que la práctica habitual es la de no proceder contra los socios no administradores de las compañías investigadas "porque de lo contrario las inspecciones no acabarían nunca".

Los funcionarios también explican la polémica sobre las tres facturas que un medio de comunicación publicó que no habían incluido en su último informe para que la empresa de los duques de Palma no superara el umbral de los 120.000 euros que marca la ley para que haya delito fiscal. Con una versión idéntica, sostuvieron ante el juez que nunca han cambiado de criterio. Se trata de facturas simuladas y no falsas porque responden a servicios que realmente sí que se prestaron, aunque no con el detalle ni con el importe que reflejan esas facturas.