España se desentiende de una víctima de la guerra siria

A pesar de la recomendación médica de que sea trasladada urgentemente a la península para ser tratada en un centro especializado en grandes quemados -se encuentra desfigurada a consecuencia de un bombardeo que le provocó graves quemaduras- de momento el Gobierno lleva dos meses sin hacerlo a pesar de las gestiones de ACNUR, CEAR o el Defensor del Pueblo. Las autoridades tienen conocimiento del caso desde el primer día y "de manera incomprensible" no han llevado a cabo el traslado

Manar llegó junto a 13 miembros de su familia, entre ellos su hermana que tiene una pierna destrozada por el bombardeo que sufrieron en su casa de Homs. Hace 20 días que su solicitud de asilo en España ha sido admitida a trámite lo que le permite trabajar y residir en España sin embargo las autoridades no la dejan salir de Melilla. "El mayor problema para ella es el dolor, no puede comer, está siempre llorando por el dolor. No puede comer, no puede abrir la boca, sólo trozos muy pequeños. Le sale sangre, le salen líquidos, como agua, de las heridas abiertas y no puede ni dormir" denuncia Mohamed, hermano de Manar y marido de Smiha, que también tiene heridas en una pierna. Tienen familia en Barcelona y demanda un traslado urgente para que reciban asistencia sanitaria especializada.

Se hizo el silencio absoluto cuando entró hace unos días en el servicio de urgencias del hospital de Melilla. Su rostro absolutamente desfigurado, sus dificultades para andar y su mirada perdida helaron el ambiente de la bulliciosa sala de espera del centro sanitario. Su situación desesperada es evidente a simple vista. El grave estado en el que se encuentra Manar Almustafa, una ciudadana siria que busca ayuda desesperada desde que llegó a Melilla a finales de octubre junto a otros 13 miembros de su familia sólo parece ser invisible para la administración. En total son 8 menores de edad y 6 adultos.

"Las autoridades lo saben desde el primer día. Hace dos meses, a los dos minutos de entrar por primera vez al hospital vinieron policías locales, guardias civiles y policías nacionales. Todos vinieron a preguntarnos que hacíamos aquí, parecía que habíamos matado a alguien por la cantidad de agentes que vinieron. Desde la primera vez la policía y la Guardia Civil sabía que estábamos aquí y nuestra situación" se queja Mohamed, que insiste en correcto castellano, que no tiene explicación que las autoridades españolas conozcan desde hace 2 meses la especial vulnerabilidad de su familia y no hayan permitido el traslado a la península.

Es el rostro más extremo de las dificultades por las que atraviesan miles de familias se ven obligada a huir cada día de la guerra siria. La vida de Manar y la de sus seres queridos cambió radicalmente a finales de 2012 cuando una bomba destrozaba su vivienda en la ciudad de Homs, una de las más afectadas por el conflicto que se prolonga ya más de 2 años y medio. La explosión acabó con la vida de un familiar, y ella y su hermana Smiha sufrieron heridas muy graves, todavía visibles casi un año después. A pesar de esta situación de extrema vulnerabilidad visible para cualquiera que la quiera ver, llevan viviendo durante estos 2 últimos meses en la habitación de un piso de alquiler en la ciudad autónoma española. Después de pedir asilo, de recibir la recomendación médica de un traslado urgente a un centro para quemados en la península y de las recomendaciones del Defensor del Pueblo y del ACNUR para que ese traslado se lleve a cabo de manera urgente, la Policía Nacional y la Oficina de Asilo y Refugio (dependiente del Ministerio del Interior) siguen sin permitir su traslado.

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Nada más llegar a Melilla a finales de octubre visitaron el hospital comarcal por primera vez. Los médicos que atendieron a Manar en el servicio de urgencias recomendaron rápidamente su traslado urgente a la península para que recibiera atención en algún centro especializado en grandes quemados. "Hemos ido 3 veces ya al hospital y los médicos nos preguntan por qué traemos a mi hermana otra vez al hospital, yo les digo que porque necesitamos algo para que le alivie el dolor. Una chica del hospital nos insiste en que aquí en Melilla no hay especialistas para tratar las quemaduras de mi hermana, y no entiendo por qué no la trasladan, ¿Dónde están los derechos que dicen que hay en Europa, donde está la ayuda para las víctimas de la guerra?" se queja amargamente este vecino de Homs una de las ciudades sirias más castigadas por la guerra.

Después de visitar por primera vez el hospital, asesorados por una abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) fueron a la comisaría de Policía Nacional para solicitar asilo para ella y toda su familia. "Desde hace unos 20 días tenemos la tarjeta roja" dice Mohamed, lo que quiere decir que su solicitud de asilo y la de toda la familia ha sido admitida a trámite y que con ese documento tienen, según la ley de asilo, autorización a trabajar y residir en España. "No sé cuándo se va a solucionar. El policía nos dijo que puede tardar 6, 9 meses, un año o un año y medio. Cogieron todos los papeles y nos dijeron que teníamos que esperar. Nos dijo un jefe de la policía que tenemos que esperar a Madrid a que devuelvan los papeles, pero, ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? ¿Hasta que maten a mi hermana? Hasta cuándo?" se desespera Mohamed.

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Caso omiso a la ley de asilo

Según la norma española sobre asilo y refugio, se obliga al traslado a la península "de las personas con necesidades de protección internacional, especialmente a las que se encuentran en una situación de extremada vulnerabilidad", como es este caso. Según la misma ley, los solicitantes de asilo con tarjeta roja tienen derecho a la libre circulación por el territorio español pero Melilla y Ceuta llevan años haciendo caso omiso a esa obligación, dejando atrapados de facto a decenas de solicitantes de asilo hasta que se resuelven sus expedientes, en ocasiones durante más de un año. De hecho, a pesar de ser un caso tan evidente como el de la familia Almustafá, 2 meses después, siguen esperando a que alguien cumpla la ley y les permitan el traslado a la península. Es un caso tan llamativo que CEAR presentó una queja ante el Defensor del Pueblo.

Manar está totalmente desfigurada, "lo más importante es el traslado de mi mujer y de mi hermana. No queremos nada del gobierno, ni casa, ni coche, ni nada, sólo que se permita el traslado ellas para que se puedan curar y recuperar" porque según Mohamed el caso de su hermana es especialmente grave "cada día se tiene que tomar más de 10 pastillas, le ponemos 8 o 9 cremas para aliviarla pero su principal problema es el dolor que siente a todas horas por las quemaduras" afirma.

Durante el último año, la familia Almustafa ha trazado una huida que les ha llevado en busca de ayuda por Líbano, Egipto, Argelia hasta llegar hace 2 meses a España después de pagar hasta 3.000 euros por cada pasaporte marroquí falsificado para cruzar la frontera de Beni Enzar y pedir asilo en Europa. En toda esta ruta, tanto Manar como Smiha - que tiene una pierna destrozada por el bombardeo, lo que le impide caminar- han sido intervenidas quirúrgicamente en distintos hospitales "se le practicaron nueve operaciones en Egipto a mi hermana durante los 7 meses que estuvimos viviendo en el centro de El Cairo, sobre todo injertos de piel y a mi mujer 6 operaciones para que intentara recuperar la movilidad de la pierna pero no puede caminar aun. Cuando quitaron al presidente Morsi todo se volvió más inseguro y decidimos irnos" señala Mohamed. Después pasaron 20 días en Argelia antes de hacer escala en Nador (Marruecos) donde compraron los pasaportes falsos "porque una mujer marroquí nos explicó que era la única manera de que nos dejaran entrar a España para pedir asilo, finalmente entramos pero las secuelas de las heridas siguen siendo brutales" denuncia Mohamed.

Según ha conocido la Cadena SER, su caso ha sido seguido de cerca por la Defensora del Pueblo que trabaja intensamente desde mediados de octubre para que el Gobierno cumpla la ley y lleve a cabo el traslado. En la misma línea se está aplicando la representación en España del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) que ha enviado una delegación para entrevistarse con la familia. Ambos organismos no se explican por qué no se lleva a cabo este traslado, aunque según fuentes oficiales " se podría realizar en breve después de la presión de estas organizaciones".

Pedir asilo en Ceuta y Melilla "está penalizado"

La familia Almustafa es sólo la última víctima de la mala aplicación de la ley de asilo en las dos ciudades autónomas. Desde que entró en vigor la nueva ley de asilo en 2009 y por una "incorrecta" interpretación de la Policía se está impidiendo la libre circulación de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla. En el resto de la península o Canarias, cuando se admite a trámite una petición inmediatamente se tiene libre circulación "en Ceuta y Melilla por aplicación incorrecta de la ley de asilo no se les permite salir" explican fuentes jurídicas especializadas en materia de protección internacional.

El Defensor del Pueblo denunció ya en su informe de 2010 que se estaba incumpliendo la ley al no permitir a los solicitantes de asilo su libre circulación y por tanto su salida hacia la península. En ese informe el Defensor exige que se priorice el traslado de los perfiles especialmente vulnerables. "Se están falseando las cifras de asilo en España, es de vergüenza la diferencia en el número de solicitantes de nuestro país con respecto a los de los países de nuestro entorno, esto pasa sobre todo porque se penaliza a la gente que llega a Ceuta y Melilla, se está incentivando que la gente no pida asilo y esto vulnera la legislación europea sobre asilo" explican estas fuentes jurídicas especializadas. "Se les dice que si no piden asilo se les trasladará a la Península en programas de acogida humanitaria, se está invisibilizando a todo el colectivo de potenciales solicitantes de asilo. Esto provoca, entre otras cosas, que España no se beneficie de los fondos europeos de ayuda al refugiado por una mala política de los sucesivos gobiernos. Se le vende a la Unión Europea que la de Ceuta y Melilla es una situación de control de fronteras y no se ve a la cantidad de gente en situación vulnerable, potenciales solicitantes de asilo que están llegando, sobre todo sirios y ciudadanos de Mali" denuncia otro experto consultado por la Ser y que ha visitado varias veces Melilla en las últimas semanas.

"En ninguna legislación ni europea ni española se recoge que la libre circulación se prohíba desde algún territorio" señala este experto. De hecho la justicia lo ha acabado avalando en varias sentencias que CEAR ha ganado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , que han condenado a la Policía Nacional al traslado de los solicitantes de asilo que han denunciado su situación. El problema es que se trata de sentencias caso por caso y la administración no cambia de política.

Unas cifras de solicitudes de asilo "totalmente ilógicas"

Según datos oficiales a los que ha tenido acceso la SER, durante los 8 primeros meses de este año, tan solo 17 personas (de las 1.682 que pasaron por el centro hasta esa fecha) han formalizado su solicitud de protección internacional. "Los números de peticiones de asilo en España son patéticos. ¿Cómo puede explicar el Gobierno que mientras cada vez se detectan más potenciales solicitantes de asilo (malienses o sirios sobre todo) el número de peticiones siga siendo tan bajo? Esto sólo se explica por la mala aplicación por parte de los gobiernos desde 2010 de la legislación de ley de asilo en Ceuta y Melilla. Todos quieren salir de Ceuta y Melilla pero la mala aplicación de la ley de asilo les impide circular libremente" denuncia este experto internacional.

"Es como si alguien pide asilo al llegar al aeropuerto de Barajas, se le admite a trámite la petición pero no lo dejaran salir del aeropuerto en ningún momento hasta que no se resuelva el expediente y se queda allí encerrado un año, no sería lógico pero sin embargo es exactamente lo que están sufriendo los que piden la protección en las dos ciudades autónomas" se queja otra abogada que trabaja en una de las ONG que asisten a los refugiados en España.

La ONU y Bruselas llevan años pidiendo al Gobierno que cumpla la ley

La ONU, a través del informe del Relator especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, tras su visita a España el pasado mes de enero puso de manifiesto su preocupación tanto por la situación de saturación de los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) como el bloqueo a los solicitantes de asilo. Y es que ese bloqueo a la libre circulación no sólo va en contra de la legislación española sino también de la europea como también se ha encargado de recordarle al Gobierno español la EASO (Oficina Europea de Apoyo al Asilo) en su informe anual del año 2012. La misma queja que la representación del ACNUR en España viene haciendo desde hace al menos 2 años. Y es que como recoge el último informe del Defensor del Pueblo "las consecuencias de la situación anteriormente descrita son variadas y afectan de manera directa, de un lado a la credibilidad del sistema español de protección internacional en el exterior y, de otro, al agravamiento de las condiciones de especial vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas". La familia Almustafa se une así a la lista de víctimas de esta mala aplicación de la ley.

La justificación del Gobierno

El Gobierno ha intentado justificar esta práctica, desde 2010, aludiendo a que existe una cláusula para Ceuta y Melilla dentro del Acuerdo de Schengen, que no las considera fronteras Schengen, lo que les permitiría hacerlo. De hecho el Tribunal Superior de Justicia ha ordenado en varias sentencias a la policía a que permita el libre paso de aquellas personas que tengan admitidas a trámite las solicitudes de asilo porque más allá que sea o no zona Schengen es territorio español, donde rige la ley de asilo. Fuentes oficiales insisten en que " el objetivo es evitar que las ciudades autónomas se conviertan en territorios de paso masivo" de inmigrantes a la Península.