La reforma local pasa su primer examen

El Pleno del Congreso ha rechazado las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocido como reforma local, que será directamente remitida al Senado tras su paso por la Comisión correspondiente.

En total, se habían presentado diez enmiendas de devolución, aunque el PNV ha retirado la suya en el último momento al obtener garantías del Gobierno de respeto a la foralidad, entre otras cuestiones, de forma que, junto con UPN y el PP ha votado en contra de los otros nueve vetos. Foro Asturias se ha abstenido y el resto de la oposición ha apoyado los textos de devolución.

También se ha votado que el proyecto de ley no vuelva al Pleno tras su debate en Comisión, lo que ha sido respaldado por 174 diputados, mientras que 140 han votado a favor de que volviera y uno se ha abstenido. Al inicio del debate y en la presentación del texto, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que la reforma clarificará las competencias, garantizará la financiación por parte de las comunidades de los servicios que presten los ayuntamientos y mejorará la transparencia municipal.

También ha valorado el superávit alcanzado en las cuentas municipales en 2012 y primera parte de 2013 y ha dicho que dentro de un año habrá un nuevo sistema de financiación local, lo que contribuirá, junto con la reforma local, al mantenimiento de esas arcas saneadas. Sin embargo, todos los grupos de la oposición, excepto el PNV y UPN, le han reclamado que retire la reforma local, por creer que ni ahorrará ni simplificará la administración y supondrá un desmantelamiento y privatización de los servicios públicos. El diputado del PP Juan José Matarí ha acusado a la oposición de "mentir" sobre esta reforma y de haberse quedado sin argumentos después de que se haya retirado del texto inicial la mayoría de los aspectos que rechazaban esos partidos.

Ha negado que se deje a los ayuntamientos sin competencias y ha subrayado que lo que resuelve es la financiación de las impropias, porque obliga a las comunidades a financiar a los ayuntamientos si son éstos los que las siguen gestionando. Pero el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, que ha tachado el proyecto de "tropelía" y "chapuza", ha dicho que tendrá un efecto "demoledor" en el municipalismo y ha insistido en que tiene elementos de inconstitucionalidad. Ha acusado a Montoro de mentir al apuntar que supondrá un ahorro de 8.000 millones y ha subrayado que lo que significará es el desmantelamiento de los servicios públicos y nuevos recortes al Estado del bienestar.

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El alcalde de Roses (Girona) y diputado de CiU, Carles Pàramo, ha considerado que modifica "a peor" la administración más próxima a los ciudadanos, lo que pagarán los ciudadanos, sobre todo los más desfavorecidos. La ley "empeora" los servicios y la calidad democrática, y "todo a un coste más alto", ha agregado, y ha señalado que ni mejora la financiación municipal ni logra la sostenibilidad de las finanzas municipales. Desde la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras ha advertido de que el Estado de bienestar se ve en peligro con este "desmantelamiento que se pretende desde la base", y la reforma "demoniza" la labor de los ayuntamientos, que actuaban como "diques de contención" frente a los recortes "inmisericordes" del Gobierno. En su opinión, con esta ley se pretende hacer un "trasvase de servicios públicos a unas pocas manos", las de "grandes empresas privadas", mientras se pierden "decenas de miles de empleos".

Rosa Díez, portavoz de UPyD, ha dicho que la ley traerá "más opacidad, menos democracia, un reforzamiento del bipartidismo y de los chiringuitos relacionados con el bipartidismo" y no resolverá los problemas de financiación o de duplicidades entre las administraciones. Desde el grupo mixto, la diputada de ERC Teresa Jordá ha asegurado que la ley retrotrae a los ayuntamientos "a los tiempos del NODO", mientras que Joan Baldoví, de Compromís-Equo, ha acusado a las diputaciones de ser refugio de "caciques". La diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, ha señalado que el proyecto encubre la privatización de servicios y Uxue Barkos, de Geroa Bai, que aleja de los ciudadanos la institución más cercana. "Con esta ley parece que todos los políticos somos iguales y eso no es así, no todos nos hemos lucrado por el dinero público", ha dicho desde la tribuna la diputada de Amaiur Onintza Enbeita. El ministro ha cerrado el debate con un nuevo llamamiento al diálogo y a la negociación en la nueva fase que se abre ahora "para mejorar este proyecto de ley".