El juez ordena a la Guardia Civil interrogar al actual consejero de Bankia Hábitat

Agentes de policía judicial especializados en delitos financieros han tomado declaración, en calidad de imputado, al actual consejero de Bankia Hábitat, Juan Bartolomé, por la compra del banco en Miami en 2008 que investiga el juez. La operación supuso pérdidas de unos 500 millones de euros. Bartolomé integraba el Comité Financiero de la entidad con Blesa como presidente.

El juez que dictó auto de prisión para Miguel Blesa ha dado un paso más en la investigación de las operaciones financieras dirigidas por el expresidente de Caja Madrid. Por orden urgente del magistrado, este mediodía la Guardia Civil ha interrogado en calidad de imputado al actual consejero delegado de Bankia Hábitat, Juan Bartolomé, con motivo de la inversión de compra del City National Bank de Florida en 2008 con Miguel Blesa como presidente. Según fuentes de la investigación, el consejero no estaría implicado en la trama pero podría aportar datos clave sobre cómo se gestó la compra en 2008.

Bartolomé formaba parte del Comité Financiero de la entidad cuando se produjo la operación por la que, según la instrucción, Caja Madrid pudo perder hasta 500 millones de euros. Un interrogatorio que se produce de manera urgente y al margen de que el consejero está citado a declarar el próximo miércoles junto a otros cinco miembros de la cúpula del Comité Financiero responsable de la operación en Miami así como de los créditos concedidos a Gerardo Díaz Ferrán, exconsejero y entonces presidente de la CEOE.

La tensión entre la Fiscalía y el magistrado va en aumento. El ministerio público ha pedido la nulidad de la causa ante la Audiencia Provincial de Madrid y considera que el juez Silva debe dejar de insvestigar y de practicar diligencias hasta qeu se resuelva el recurso. Por su parte, el magistrado -apoyado por la Guardia Civil- no cesa de instruir. Y la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado la recusación del fiscal del caso -una figura que el ministerio público dice no es aplicable a los fiscales- para que aparte al fiscal del caso Agustín Hidalgo y han pedido al Consejo General del Poder Judicial que refuerce el juzgado. Según el escrito presentado, la acusación pretende dejar constancia del "volumen de trabajo que tal instrucción conlleva con una plantilla de funcionarios dedicados a referida instrucción" además de denunciar supuestos "obstáculos y praxis desleal que recibe su Señoría".