El Gobierno e Iberdrola esperan una indemnización "justa" tras la nacionalización

El Gobierno español lamenta la nacionalización de las cuatro filiales bolivianas de Iberdrola e inicia un largo proceso de negociación, para el cual ha pedido una "justa" indemnización para los accionistas de estas compañías.

En el día después del anuncio de la expropiación, se inicia el proceso de negociación, un tiempo en el que se tasará el valor de las empresas y cuyo cálculo tardará al menos tres meses. Tanto el Gobierno como Iberdrola esperan una indemnización justa para los accionistas y en el menor tiempo posible.

El gobierno boliviano, por su parte, asegura que llevaba meses negociando antes de tomar esta decisión.

Ante las críticas de la oposición Boliviana y la preocupación internacional por la indefensión jurídica de las inversiones en aquel país, Evo Morales aprovechó un acto para desvelar que durante cuatro meses había estado negociando con Iberdrola, la filial de esta empresa en Bolivia, llamada Iberbolivia, para que bajara las tarifas de la energía y que fueran equitativos el coste del watio de energía en la zona rural y en la urbana.

Tras cuatro meses de infructuosas negociaciones, sin que Iberbolivia hiciera nada, tuvieron que proceder a la nacionalización porque los servicios eléctricos son parte de los derechos fundamentales establecidos en la constitución política del estado. Desde la oposición de Bolivia, Arturo Quises dice que los servicios y la gestión de Iberdrola en aquel país han sido más que eficientes

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La oposición boliviana, no obstante, denuncia que la expropiación trata de ocultar los problemas políticos internos y abre también un periodo de inestabilidad económica al nacionalizar una empresa del país que es el segundo mayor inversor en Bolivia.