El juez aprecia hasta diez conductas delictivas de la red de Gao Ping

La mafia china desarticulada en España había puesto sus tentáculos en agentes de la policía, Guardia Civil y de las policías locales de Leganés y Fuenlabrada. Esta red usaba códigos secretos y lenguaje en clave para no ser descubiertos. Los cabecillas contaban con una infraestructura internacional que se extendía por Italia, Portugal, Suiza, Panamá, República Checa, Hungría, Países Bajos y Hong Kong y sacaba el dinero en camiones y furgonetas oculto entre ropa de imitación. Con la mafia colaboraban empresarios donantes y receptores. Los primeros entrgeban dinero para evitar pagar impuestos y los segundos lo recibían para seguir ocultando a las autoridades españolas su auténtico nivel de vida. La investigación del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y de la Fiscalía Anticorrupción revela que la mafia china desarticulada en España contaba con una infraestructura sólida dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los establecimientos comerciales de esta red criminal en los municipios madrileños de Leganés y Fuenlabrada contaban con «trato de privilegio por parte de miembros de sus policías locales». Los tentáculos de la red llegaban también a la brigada de extranjería de la policía nacional, cuyo máximo responsable fue detenido y está imputado en esta causa. Junto a él también está imputado un sargento de la Guardia Civil. Así se desprende de los autos judiciales firmados por Andreu que también revelan que la infraestructura internacional de la mafia china desarticulada en España estaba repartida por Italia, Portugal, República Checa, Hungría, Países Bajos y Hong Kong. A Italia, Portugal y Hungría salía el dinero obtenido ilícitamente en España para que fuera enviado a China y desde la República Checa venían los «dai li», transportistas que camuflaban el dinero en ropa para sacarlo de España. Códigos secretos y empresarios donantes y receptores La red usaba lenguaje en clave y códigos secretos para que la policía no detectara a los correos que acudían a la entrega y a la recogida del dinero en el polígono de Cobo Calleja, epicentro de la trama. Se investigan entre otros los delitos de asociacion ilicita, blanqueo, prostitucion, trafico de dorgas, fraude fiscal y contra los derechos de los trabajadores. En el blanqueo del que se acusa a los cabecillas de la mafia china podrían haber colaborado empresarios que el juez califica de donantes o receptores de dinero en metálico. Los primeros contaban con mucho dinero líquido y se lo entregaban a la organización a cambio de que le hicieran una transferencia por ese importe, descontando una comisión. De esta forma evitaban el pago de impuestos. Los segundos recibían dinero en metálico por parte de la red y lo compensaban mediante transferencias desde paraísos fiscales donde mantienen oculto su patrimonio. De esta forma, las autoridades españolas seguían sin conocer su verdadero patrimonio.

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Pedro Jiménez

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