Castilla-La Mancha no paga el Impuesto de Bienes Inmuebles

Castilla-La Mancha ha dejado de pagar el IBI de decenas de edificios públicos. Entre ellos hay hospitales, centros de salud, centros de residencia de mayores y centros-base para minusválidos, que gestiona el ejecutivo regional, aunque la titularidad sea formalmente de la Seguridad Social.

Según un informe de la Tesorería General de la Seguridad Social, al que ha tenido acceso la SER, en las últimas semanas han llegado reclamaciones por vía de apremio y amenazas de embargo por el impago de los inmuebles transferidos a la autonomía. Son en total 79 edificios: seis en Toledo, nueve en Guadalajara, doce en Cuenca, 21 en Albacete y 31 en Ciudad Real.

Según fuentes de la Seguridad Social, los recibos, los apremios y los avisos de la posibilidad de embargo han llegado en las últimas semanas por 42 de estos 79 edificios. Además, según estas fuentes, las autoridades tributarias les han confirmado que les llegarán más.

El gobierno señala al PP

En una entrevista en 'Hoy por Hoy', el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha confirmado los impagos, y señala a las administraciones del PP como responsables: "da toda la sensación de que hay alcaldes del PP que han conjuntado actuaciones con la consejería". Granado ha subrayado lo excepcional de esta situación: No hay "ningún precedente de la dimensión que estamos hablando; desde luego, que una Comunidad Autónoma deje de pagar el IBI de todos los edificios, nunca".

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Granado ha subrayado que las facturas las tiene que pagar Castilla-La Mancha y que las cuentas de la Seguridad Social son inembargables, pero no descarta que haya alguna actuación que puede afectar incluso al cobro de las pensiones. "Si 70 ayuntamientos de una Comunidad Autónoma nos embargan decenas de cuentas, al final legalmente no tendremos problemas, pero en la práctica podemos tener problemas y sobre todo podemos perjudicar unos días a algunos beneficiarios".

Impago "desde el cambio de gobierno"

El periodo de pago voluntario del IBI depende según el ayuntamiento o la provincia; en algunos casos, se abrió antes de la celebración de las elecciones municipales del 22-M. Pero el propio texto de la Seguridad Social destaca que los impagos se están dando a partir "del cambio del gobierno autonómico", porque hasta ahora la obligación de pago por parte de la Comunidad "se realizó puntualmente, con carácter general, hasta el ejercicio 2010 inclusive".

El Impuesto de Bienes Inmuebles (que es para los ayuntamientos) lo tiene que pagar, como regla general, el propietario del edificio. Pero en el caso de las instalaciones con uso sanitario de la Seguridad Social se hace cargo la Comunidad Autónoma que los gestiona. Esto es así, en el caso de Castilla-La Mancha, desde el traspaso en 2002; que la Seguridad Social sea titular de los edificios es una herencia del periodo anterior, de cuando ese organismo se ocupaba de la sanidad.

Las cantidades adeudadas son distintas según la provincia: Entre los recibos a los que ha tenido acceso esta redacción, los de Toledo, por ejemplo, suman más de 14.000 euros, en Guadalajara suman más de 35.000 euros, y en Albacete, la deuda supera el medio millón de euros. En total, el dinero que se recauda en concepto de IBI por todos los inmuebles transferidos de la Seguridad Social se sitúa en torno a los cuatro millones de euros.

El informe subraya que los impagos podrían afectar además a otros edificios de la Comunidad, no sólo los relacionados con la Seguridad Social.

Temor en la Seguridad Social

Así, aunque la Seguridad Social no tenga que pagar (además, sus cuentas son inembargables por ley), a esta administración le están llegando las notificaciones en las que los órganos recaudadores exigen el pago del impuesto, con un recargo del 10% por pagar tarde. Además, advierten de que, si no se paga pronto, en pocos días se puede proceder al embargo de bienes para saldar la deuda, en este caso con un recargo del 20%.

El temor en la Seguridad Social es que, pese a la protección legal que tienen sus cuentas, alguna administración tributaria dé orden de embargo, con lo que se entraría en un tira y afloja jurídico que podría durar meses hasta su resolución.