La Audiencia Provincial de Cádiz acepta las escuchas teléfonicas de la 'operación Karlos'

La Audiencia Provincial de Cádiz ha aceptado las escuchas teléfonicas de la llamada Operación Karlos, el presunto fraude a la Seguridad Social para el cobro de pensiones. Con esta decisión se da luz verde al incio del juicio en el que, en principio, hay más de 20 acusados.

El juez de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Grosso, ha dado por buenas todas las escuchas por lo que el juicio de la ''operación Karlos'', en el que se juzga una estafa a la Seguridad Social, sigue adelante, con la fechas de las vistas que estaban programadas.

El juez ha defendido que la actuación de la investigación ha sido "impecable" y que las escuchas realizadas se ajustan a derecho. Asimismo, se ha basado en las resoluciones ya dictadas por la Audiencia Provincial en diciembre de 2006 y octubre de 2007, que ya rechazaron las peticiones de la defensa en cuanto a la nulidad de las escuchas.

El juicio -por una supuesta trama organizada dedicada a la concesión de pensiones por incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales- comenzó este lunes, despertando la atención mediática por estar entre los presuntos implicados María José Campanario, mujer del diestro Jesulín de Ubrique, acusada por supuestamente tratar de conseguir una pensión para su madre, que también se sienta en el banquillo.

Esa primera jornada, las defensas habían reclamado la nulidad del proceso y, por tanto, el sobreseimiento de la causa alegando el desconocimiento de la Fiscalía sobre las escuchas, lo que, a su juicio, crea un proceso de indefensión.

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Tanto el letrado de Campanario como el de Francisco Casto, el médico imputado en el caso, defendieron que las escuchas de este proceso iban contra los derechos fundamentales de las personas. Hay que recordar que la ''Operación Karlos'' sale a raíz de unas escuchas telefónicas que se le estaban realizando a Carlos Carretero -uno de los principales imputados- con motivo de una investigación por otra causa.

En la segunda sesión del juicio, celebrada un día después, la Fiscalía defendió la "impecable" actuación del juez instructor del caso, asegurando que "en ningún momento se ha ocultado a la autoridad judicial dato alguno sobre este procedimiento". Defendía, además, que no se trató de "una investigación a una persona cogida al azar", así como que "se ha utilizado una suma o adhesión a los hechos que ya se estaban investigando", es decir a los hechos de la conocida como ''Operación Halcón'', que es de donde parte esta otra.

Por su parte, la abogada del Instituto Nacional de la Seguridad Social también defendió la legalidad de la investigación y de las escuchas telefónicas, manifestando que "la importancia se ha de graduar no solo por la pena, sino por su trascendencia social en cuanto a que pueda recabar en la confianza de los ciudadanos en las administraciones". Un hecho que, a su juicio, "en sí mismo justifica" el modo de proceder en la investigación.

Una vez aceptadas las escuchas el juicio seguirá su curso con las vistas ya programadas, que incluyen la declaración de los procesados entre el 11 y el 20 de mayo, estando prevista la finalización del juicio para el próximo 10 de junio.