La política de expulsión de homosexuales del Ejército de EEUU ha costado 143 millones en seis años
La Oficina de Contabilidad del Gobierno investigó más de 3.000 casos
El coste para el Pentágono de poner en práctica la ley que obligaba a apartar del servicio militar a gays y lesbianas declarados durante los últimos seis años ascendió a 143 millones de euros, según un estudio de la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO).
Según informó la CNN, la Oficina investigó los casos de 3.664 soldados que fueron obligados a abandonar el Ejército desde 2004 a 2009 por ser abiertamente homosexuales.
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El estudio recoge que el coste por persona asciende a 39.000 euros, en concepto de apartar al soldado de su puesto y de encontrar y formar a su sustituto. Además, el 40% de los apartados tenían capacidades para "labores críticas" o sabían lenguas extranjeras, como árabe.
"Nuestros cálculos incluyen el coste de los servicios para reclutar un nuevo miembro, proporcionarle entrenamiento básico y graduar a este miembro en las habilidades de entrenamiento en el servicio del miembro que ha sido apartado", recoge el informe.
De los casos examinados por la GAO, 1.442 soldados que fueron apartados por la política de Don't ask, don't tell (No preguntes, no lo cuentes) podían llevar a cabo "labores críticas" como soldados de infantería. Menos del uno por ciento, tenían conocimientos de lenguas extranjeras, como árabe o español, de acuerdo con el informe.
Un número que podría ser mayor
Aunque la Oficina advierte de que el número de personas con dichas habilidades podría ser mayor debido al problema de conseguir información. "Los miembros con labores críticas y conocimiento de lenguas extranjeras no son grupos disociados, ya que algunos con labores críticas, como lingüistas en criptología e interrogatorios, requieren un conocimiento importante de lenguas extranjeras", afirma el estudio.
"De acuerdo con nuestros analistas, siete miembros del servicio tuvieron labores críticas y también tenían conocimientos de lenguas extranjeras", añade.
El Congreso de Estados Unidos anuló la política de Don't ask, don't tell y el presidente, Barack Obama, firmó dicha derogación como ley en diciembre. El Departamento de Defensa está preparando los planes para poner en práctica dicho cambio.
La congresista republicana Susan Davis declaró que el informe confirma su creencia de que dicha política debía ser revocada. En un comunicado, Davis dijo que "claramente esto era lo que había que hacer".
"Nunca más los americanos que contribuyen con sus impuestos pagarán para expulsar a miembros patrióticos del servicio que sólo quieren servir a su país", añadió.
