La Fiscalía investiga si hay delito en la identificación de las víctimas del Yak-42

Madrid

El fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha anunciado hoy que acaba de dar instrucciones a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cuyo jefe es Eduardo Fungairiño, para que se abran diligencias judiciales y se investigue "la posiblidad de una falsedad documental en la identificación de los cadáveres" que se estrellaron en el Yak-42. En dos ocasiones, los familiares han acudido a la Audiencia y en ambos casos han visto rechazadas sus demandas.

Conde Pumpido, que ha presidido hoy en A Coruña la toma de posesión del nuevo fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), responde así a los requerimientos de los familiares de los 62 militares que se estrellaron en Turquía el 26 de mayo de 2003.

Al respecto, insistió en que esta decisión es "una muestra de apoyo de la Fiscalía a las víctimas", aunque matizó que, en cualquier caso, "no se prejuzga en absoluto la responsabilidad penal" de nadie por el momento. "La intención de la Fiscalía es esclarecer los hechos", concluyó.

LA AUDIENCIA NO HA RECIBIDO LOS INFORMES

Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ha dicho hoy que no le consta que su departamento haya recibido por el momento ninguna documentación relativa a los resultados de los exámentes de ADN realizados a 22 cuerpos de los fallecidos del Yak-42. Dijo también que a a la Fiscalía de la Audiencia Nacional tampoco había llegado este mediodía ninguna instrucción procedente de la Fiscalía General sobre este caso concreto.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

La asociacion de familiares presentó una primera denuncia por los hechos que correspondió al juzgado central de instrucción número 3, cuyo titular es Teresa Palacios, con la que pretendían investigar las presuntas irregularidades que pudieran haberse cometido por parte del Ministerio de Defensa en relación con el accidente, que ocurrió el 26 de mayo de 2003 en las proximidades del aeropuerto turco de Trabzon, en el que murieron 62 militares. Esta denuncia fue archivada por falta de competencia de la Audiencia Nacional.

SEGUNDA DENUNCIA

Posteriormente, los familiares presentaron una segunda denuncia, en esta ocasión contra los generales de División, ahora en la reserva, Vicente Navarro Ruiz y José Antonio Beltrán Doña, que fueron los encargados de desplazarse a Turquía para identificar los cuerpos de los fallecidos.

Esta denuncia también fue archivada, y los recursos interpuestos contra ambas decisiones de la juez Palacios se acumularon para ser revisadas en una única vista de apelación ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se celebrará el próximo lunes.

EL GOBIERNO SEGUIRÁ SU INVESTIGACIÓN

El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, manifestó su respeto con la decisión de la Fiscalía aunque se mostró confiado en que muchas de las diligencias no arrojarán responsabilidades políticas sobre el anterior gobierno porque "la verdad es la que es".

Por otro lado, la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado que el gobierno seguirá investigando el siniestro y recabando todos los datos que hayan podido quedar sueltos y que cuando tengan toda la información solicitarán un pleno en el Congreso de los Diputados para llevar allí toda la información y las conclusiones que se puedan derivar.

Además, subrayó que con toda la información sobre la mesa, "será el Parlamento el que determine si hay otro tipo de responsabilidad distintas de las que el Gobierno ha depurado, que son las militares". Sobre el anuncio de Conde Pumpido, dijo que tiene autonomía en el ejercicio de la acción penal y manifestó su "respeto total".