Botín se sentará en el banquillo por el "caso de las jubilaciones"
El presidente del Grupo Santander se enfrenta a dos penas de seis años de prisión por apropiación indebida
La jueza de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha dictado hoy auto de apertura de juicio oral contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y los ex altos directivos de la entidad José María Amusátegui y Angel Corcóstegui, por la concesión a estos dos últimos de pagos económicos muy elevados cuando abandonaron el banco, tras la fusión entre el Santander y el Central Hispano.
Más información
- Botín no dimitirá de la presidencia del SCH por la apertura del juicio oral
- El TC rechaza el recurso de Botín para frenar su proceso por el 'caso de las jubilaciones'
- La Audiencia juzgará a Emilio Botín por el caso de las cesiones de crédito
- Botín, Amusátegui y Corcóstegui serán juzgados por el caso de las jubilaciones millonarias
En el auto, de fecha 26 de abril, la jueza pide que se abra el juicio oral y les imputa a los tres los delitos de apropiación indebida y/o de administración desleal, por haber concedido a Amusátegui 56 millones de euros y a Corcóstegui 108 millones cuando se fueron de la entidad. Además, impone a Botín y Amusátegui una fianza conjunta de 56,09 millones de euros y otra de 108,1 millones a Botín y Corcóstegui, también solidariamente. Teresa Palacios concede a los tres un plazo máximo de 24 horas para hacer efectivas las fianzas o procederá al embargo de bienes.
Estas cantidades servirían para resarcir al banco de los perjuicios sufridos si finalmente los tres acusados son encontrados culpables de "retribuciones indebidas que supusieron perjuicio económico a los accionistas". Botín, Amusátegui y Corcóstegui se enfrentan por este proceso a penas que pueden alcanzar hasta seis años de prisión, en el caso del actual presidente del banco podrían ser dos las penas, así como a multas y la posibilidad de inhabilitación para administrar sociedades.
Tras conocer el auto, el Santander se limitó a recordar que está a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso contra la decisión de la jueza de cerrar la investigación e insistió en la legalidad de esos pagos. Según el Consejo de Administración, los contratos se ciñeron a la ley y los estatutos, al tiempo que las retribuciones se ajustaron a lo abonado en otras entidades.
Este sumario en la Audiencia Nacional se abrió en 2002, tras una querella del accionista Juan Francisco Franco, en la que criticaba las elevadas pensiones concedidas a los ex directivos y se quejaba del perjuicio patrimonial para los accionistas. A la querella se sumó el también accionista Rafael Pérez Escolar.
